Recuerdo el famoso escándalo del pequeño cementerio de Dabeiba, Antioquia, que, según ustedes, albergaba decenas de “falsos positivos”. Pues siento decir que fue un montaje del magistrado Alejandro Ramelli, con la complicidad de un militar condenado por atrocidades.
El acto cumbre de aquellas jornadas fue la entrega, en acto solemne, de los restos de un campesino que llevaba 18 años “desaparecido”. Para otorgar relevancia al evento, al que dieron gran difusión mediática, la JEP invitó al embajador francés. Ahora sabrá el diplomático que todo fue una patraña.
Porque Edison Alexander Lezcano nunca estuvo “desaparecido”. Identificaron su cadáver el día que murió a manos del ejército y sus familiares ya cobraron una jugosa indemnización.
Pero Ramelli prefirió interpretar el papel de indignado magistrado de la JEP por “la inoperancia de la Justicia en ese caso”, dando a entender que encubrían a las Fuerzas Militares. Según dijo, el proceso por el crimen de Lezcano fue archivado el mismo año de su muerte, ocurrida en 2002.Les pregunto, señores de la JEP, ¿por qué lanzan falsedades si los jueces no solo no engavetaron el proceso, sino que fallaron a favor de la familia de Lezcano y en contra del Ejército?
Devolvámonos al año 2002. Dabeiba sufría las atrocidades de Farc y paramilitares por ser un punto estratégico entre el Urabá antioqueño y el nudo del Paramillo. También era testigo de la muerte de decenas de militares en combates contra ambas mafias, sin olvidar que algunos uniformados cometieron graves delitos.
Lezcano muere el 19 de mayo de ese año y existen dos versiones sobre lo sucedido. Una, aceptada en 2012 por el Ministerio de Defensa, de un falso positivo: lo sacaron a la fuerza de su casa unos soldados, aunque solo era un campesino, para matarlo y presentarlo como guerrillero muerto en combate. La otra, de habitantes de Dabeiba con los que hablé, indica que era miliciano de las Farc y murió en un enfrentamiento con militares.
Aceptemos que se trató de un falso positivo. Señores de la JEP, ¿por qué su magistrado Ramelli teje un telar de mentiras? ¿Será que pretenden enviar el mensaje al país y al mundo de que solo, gracias a ustedes, descubren desaparecidos y hacen justicia?
Ustedes saben que el Consejo de Estado, en 2012, condenó al Ejército a pagar a la familia de Lezcano una indemnización de 753 millones. Y en su sentencia escriben que el oficial de la contraguerrilla que le dio de baja entregó los cuerpos sin vida de Lezcano, identificado, y de un NN, el mismo día de sus muertes. También agregan que en 2003, la Fiscalía y el personero del municipio acreditaron, con la ayuda de la viuda del difunto, señora Rubiela (omito el apellido), la identidad del cadáver.
Cierto que no pudieron celebrar un funeral ni marcar la tumba. En esa época terrible, me dijeron dabeibanos, la familia de Lezcano no reclamó el cuerpo porque hacerlo suponía correr el riesgo de que te mataran los paramilitares al tratarse de un miliciano.
Otra prueba de que ustedes, JEP, no contaron la verdad sobre Lezcano es que fue en 2004 cuando Rubiela y sus dos hijas, así como el papá y dos hermanos del difunto, demandaron al Ejército por “falso positivo”. Y seis años más tarde, 28 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable a la Nación por “falso positivo” y la condenó a pagar indemnización. Dos años más tarde, el Ministerio de Defensa y la familia celebran una conciliación judicial y en 2013 reciben los 753 millones.
Las preguntas a ustedes en la JEP y a su magistrado Ramelli son obvias: ¿por qué aseveró que el Estado había abandonado a su suerte a la familia? ¿Por qué montó semejante show con medios de comunicación? ¿Qué pretende la JEP, blanquear los crímenes de las Farc a costa del Ejército?
También cabe anotar que el militar que fue a Dabeiba en calidad de informante, el que aseguraba que Las Mercedes era el megacementerio de los “falsos positivos”, ha mentido y Ramelli lo ha encubierto. Sin ir más lejos, hablaba de asesinatos cometidos entre 2005 y 2007, y a Lezcano lo mataron en 2002. Lo malo, señores de la JEP, es que no contentos con las falacias de febrero, esta semana su magistrado Ramelli, que retornó al cementerio de Dabeiba, volvió a las andadas con otras falacias.
Presentó como presuntos falsos positivos a los muertos de la familia de Félix Manco, cuyos restos desenterraron. Pero, según cuentan fuentes fidedignas, fueron los paramilitares los asesinos. La masacre de cuatro miembros de esa familia se produjo porque fueron a buscar a alias el Tuerto, el hijo miliciano de Don Félix, para matarlo. Al no encontrarlo, asesinaron al papá y a otros dos hijos. Los enterraron en Las Mercedes en una fosa común por miedo a que los sobrevivientes corrieran la misma suerte. Los paramilitares no solían permitir que dieran cristiana sepultura a sus víctimas. El otro “desaparecido” que Ramelli mostró –Albeiro Úsuga– fue asesinado por paracos porque, conforme a versiones de dabeibanos que lo conocieron, se trataba de un miliciano que participó en el asesinato de un prestante comerciante de la familia Vanegas, a quien las Farc pretendían aniquilar. Uno de sus hijos se exilió en Australia y otro se metió a las AUC en venganza.
Con tantas atrocidades que existieron, cabría preguntar a la JEP qué fin persiguen cuando falsean la verdad.
NOTA: Me informan que FEVCOL (Federación de Víctimas de Colombia) planea demandar a todos los patrañeros que se prestaron al espectáculo que montó la JEP en Dabeiba alrededor de Lezcano.
El acto cumbre de aquellas jornadas fue la entrega, en acto solemne, de los restos de un campesino que llevaba 18 años “desaparecido”. Para otorgar relevancia al evento, al que dieron gran difusión mediática, la JEP invitó al embajador francés. Ahora sabrá el diplomático que todo fue una patraña.
Porque Edison Alexander Lezcano nunca estuvo “desaparecido”. Identificaron su cadáver el día que murió a manos del ejército y sus familiares ya cobraron una jugosa indemnización.
Pero Ramelli prefirió interpretar el papel de indignado magistrado de la JEP por “la inoperancia de la Justicia en ese caso”, dando a entender que encubrían a las Fuerzas Militares. Según dijo, el proceso por el crimen de Lezcano fue archivado el mismo año de su muerte, ocurrida en 2002.Les pregunto, señores de la JEP, ¿por qué lanzan falsedades si los jueces no solo no engavetaron el proceso, sino que fallaron a favor de la familia de Lezcano y en contra del Ejército?
Devolvámonos al año 2002. Dabeiba sufría las atrocidades de Farc y paramilitares por ser un punto estratégico entre el Urabá antioqueño y el nudo del Paramillo. También era testigo de la muerte de decenas de militares en combates contra ambas mafias, sin olvidar que algunos uniformados cometieron graves delitos.
Lezcano muere el 19 de mayo de ese año y existen dos versiones sobre lo sucedido. Una, aceptada en 2012 por el Ministerio de Defensa, de un falso positivo: lo sacaron a la fuerza de su casa unos soldados, aunque solo era un campesino, para matarlo y presentarlo como guerrillero muerto en combate. La otra, de habitantes de Dabeiba con los que hablé, indica que era miliciano de las Farc y murió en un enfrentamiento con militares.
Aceptemos que se trató de un falso positivo. Señores de la JEP, ¿por qué su magistrado Ramelli teje un telar de mentiras? ¿Será que pretenden enviar el mensaje al país y al mundo de que solo, gracias a ustedes, descubren desaparecidos y hacen justicia?
Ustedes saben que el Consejo de Estado, en 2012, condenó al Ejército a pagar a la familia de Lezcano una indemnización de 753 millones. Y en su sentencia escriben que el oficial de la contraguerrilla que le dio de baja entregó los cuerpos sin vida de Lezcano, identificado, y de un NN, el mismo día de sus muertes. También agregan que en 2003, la Fiscalía y el personero del municipio acreditaron, con la ayuda de la viuda del difunto, señora Rubiela (omito el apellido), la identidad del cadáver.
Cierto que no pudieron celebrar un funeral ni marcar la tumba. En esa época terrible, me dijeron dabeibanos, la familia de Lezcano no reclamó el cuerpo porque hacerlo suponía correr el riesgo de que te mataran los paramilitares al tratarse de un miliciano.
Otra prueba de que ustedes, JEP, no contaron la verdad sobre Lezcano es que fue en 2004 cuando Rubiela y sus dos hijas, así como el papá y dos hermanos del difunto, demandaron al Ejército por “falso positivo”. Y seis años más tarde, 28 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable a la Nación por “falso positivo” y la condenó a pagar indemnización. Dos años más tarde, el Ministerio de Defensa y la familia celebran una conciliación judicial y en 2013 reciben los 753 millones.
Las preguntas a ustedes en la JEP y a su magistrado Ramelli son obvias: ¿por qué aseveró que el Estado había abandonado a su suerte a la familia? ¿Por qué montó semejante show con medios de comunicación? ¿Qué pretende la JEP, blanquear los crímenes de las Farc a costa del Ejército?
También cabe anotar que el militar que fue a Dabeiba en calidad de informante, el que aseguraba que Las Mercedes era el megacementerio de los “falsos positivos”, ha mentido y Ramelli lo ha encubierto. Sin ir más lejos, hablaba de asesinatos cometidos entre 2005 y 2007, y a Lezcano lo mataron en 2002. Lo malo, señores de la JEP, es que no contentos con las falacias de febrero, esta semana su magistrado Ramelli, que retornó al cementerio de Dabeiba, volvió a las andadas con otras falacias.
Presentó como presuntos falsos positivos a los muertos de la familia de Félix Manco, cuyos restos desenterraron. Pero, según cuentan fuentes fidedignas, fueron los paramilitares los asesinos. La masacre de cuatro miembros de esa familia se produjo porque fueron a buscar a alias el Tuerto, el hijo miliciano de Don Félix, para matarlo. Al no encontrarlo, asesinaron al papá y a otros dos hijos. Los enterraron en Las Mercedes en una fosa común por miedo a que los sobrevivientes corrieran la misma suerte. Los paramilitares no solían permitir que dieran cristiana sepultura a sus víctimas. El otro “desaparecido” que Ramelli mostró –Albeiro Úsuga– fue asesinado por paracos porque, conforme a versiones de dabeibanos que lo conocieron, se trataba de un miliciano que participó en el asesinato de un prestante comerciante de la familia Vanegas, a quien las Farc pretendían aniquilar. Uno de sus hijos se exilió en Australia y otro se metió a las AUC en venganza.
Con tantas atrocidades que existieron, cabría preguntar a la JEP qué fin persiguen cuando falsean la verdad.
NOTA: Me informan que FEVCOL (Federación de Víctimas de Colombia) planea demandar a todos los patrañeros que se prestaron al espectáculo que montó la JEP en Dabeiba alrededor de Lezcano.
