El 16 de noviembre de 2017 denuncié ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, a Nicolás Maduro y los generales Vladimir Padrino López, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres por crímenes de lesa humanidad, perpetrados sistemáticamente contra el pueblo venezolano. Han pasado 3 años y es buen momento para compartir con ustedes un balance de lo ocurrido desde entonces.
Era la primera vez que un alto funcionario del Estado venezolano acudía ante un organismo internacional a denunciar la gravísima violación de los derechos humanos que ocurría en Venezuela. Este hecho, aunado a mi pronunciamiento sobre la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo de 2017, captaron la atención del mundo y provocaron que la comunidad internacional comenzara a seguir de cerca lo que estaba sucediendo en el país.
Mi acción abarcó los asesinatos de venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 ciudadanos por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado de 2015 a 2017, de las cuales 505 fueron en el marco de la siniestra Operación de Liberación del Pueblo (OLP). De igual forma, acreditamos ese día varios actos criminales del régimen, como lo son: torturas, encarcelaciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otros delitos, a los que son sometidos miles de venezolanos constantemente.
Luego de este hecho, envié copia de la denuncia a los presidentes de algunos países de la región. Esto les permitió conocer, de manera técnica y científica, cuál era la realidad de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Gracias a esto, y al esfuerzo histórico de muchos otros venezolanos, logramos que los presidentes de seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) se agruparan para solicitar a la CPI, en nombre de sus naciones, el inicio de una investigación formal contra Nicolás Maduro, acreditando las pruebas y argumentos legales que logramos recabar en el Ministerio Público venezolano.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, autorizó, gracias a mi denuncia, el inicio de un examen preliminar. Pasó a estudiarla para verificar si existían efectivamente fundamentos para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes que deba conocer esa corte; y, recientemente, el pasado 5 de noviembre, informó en nota de prensa que su despacho encontró razones para iniciar formalmente una investigación penal contra Nicolás Maduro y todos los funcionarios que han colaborado con él en la ejecución de tales crímenes.
La denuncia que presenté ante la CPI ha sido el resultado de un gran esfuerzo realizado desde el exilio para que sean juzgados quienes han violado los derechos de los venezolanos. Lo hice convencida de mi deber como venezolana, convencida de que debemos fortalecer y defender la verdad y la institucionalidad democrática.
La tarea aún no termina, pero hoy puedo afirmar, a tres años de aquel 16 de noviembre de 2017, que estamos en el camino correcto y que pronto veremos resultados tangibles de nuestra perseverante lucha. Lograr la activación de la justicia internacional contra estos criminales es y será una victoria de todos los venezolanos.
No tengo dudas de que la investigación formal se iniciará y que en un tiempo prudencial se tomarán las primeras medidas de persecución penal contra Nicolás Maduro y su grupo. Logramos acreditar muchos de los crímenes de lesa humanidad con más de 2.000 pruebas que he consignado en los últimos 3 años. La CPI tiene elementos suficientes para actuar y estamos seguros de que lo hará. El miedo ya recorre los pasillos de todos los escondites en los que se reúnen los jerarcas del régimen a planificar sus crímenes. La certeza de que serán condenados flota de manera amenazadora en el ambiente. Están asustados, acorralados y desesperados.
Estas circunstancias representan una gran oportunidad para fortalecer una tribuna que propicie la unión del pueblo en función de objetivos concretos. ¿Cuáles? Lograr que la CPI procese penalmente a Maduro y a todos sus cómplices y colaboradores. Por eso, animo a todos a unir esfuerzos para fortalecer el proceso que ya se encuentra adelantado contra el régimen.
Han pasado muchas cosas en estos tres años, pero sin duda nada me ha distraído de mi objetivo: liberar a Venezuela de esa plaga cruel encabezada por Maduro y darles a los venezolanos la oportunidad de obtener justicia. Esta acción puede conseguir finalmente la condena de Maduro y encerrarlo en una cárcel por el resto de su vida. Sería el inicio de una nueva etapa para todos. Todos quienes nos hemos visto forzados a salir del país podremos regresar para contribuir con su reconstrucción que brinde un futuro de progreso y bienestar colectivo.
Nada me hará desistir y no descansaré hasta lograr que los criminales que hoy someten a nuestro pueblo a la miseria, el hambre y la muerte, paguen por todo el daño que han hecho.
Era la primera vez que un alto funcionario del Estado venezolano acudía ante un organismo internacional a denunciar la gravísima violación de los derechos humanos que ocurría en Venezuela. Este hecho, aunado a mi pronunciamiento sobre la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo de 2017, captaron la atención del mundo y provocaron que la comunidad internacional comenzara a seguir de cerca lo que estaba sucediendo en el país.
Mi acción abarcó los asesinatos de venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 ciudadanos por parte de funcionarios de organismos de seguridad del Estado de 2015 a 2017, de las cuales 505 fueron en el marco de la siniestra Operación de Liberación del Pueblo (OLP). De igual forma, acreditamos ese día varios actos criminales del régimen, como lo son: torturas, encarcelaciones, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, entre otros delitos, a los que son sometidos miles de venezolanos constantemente.
Luego de este hecho, envié copia de la denuncia a los presidentes de algunos países de la región. Esto les permitió conocer, de manera técnica y científica, cuál era la realidad de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Gracias a esto, y al esfuerzo histórico de muchos otros venezolanos, logramos que los presidentes de seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) se agruparan para solicitar a la CPI, en nombre de sus naciones, el inicio de una investigación formal contra Nicolás Maduro, acreditando las pruebas y argumentos legales que logramos recabar en el Ministerio Público venezolano.
En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, autorizó, gracias a mi denuncia, el inicio de un examen preliminar. Pasó a estudiarla para verificar si existían efectivamente fundamentos para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes que deba conocer esa corte; y, recientemente, el pasado 5 de noviembre, informó en nota de prensa que su despacho encontró razones para iniciar formalmente una investigación penal contra Nicolás Maduro y todos los funcionarios que han colaborado con él en la ejecución de tales crímenes.
La denuncia que presenté ante la CPI ha sido el resultado de un gran esfuerzo realizado desde el exilio para que sean juzgados quienes han violado los derechos de los venezolanos. Lo hice convencida de mi deber como venezolana, convencida de que debemos fortalecer y defender la verdad y la institucionalidad democrática.
La tarea aún no termina, pero hoy puedo afirmar, a tres años de aquel 16 de noviembre de 2017, que estamos en el camino correcto y que pronto veremos resultados tangibles de nuestra perseverante lucha. Lograr la activación de la justicia internacional contra estos criminales es y será una victoria de todos los venezolanos.
No tengo dudas de que la investigación formal se iniciará y que en un tiempo prudencial se tomarán las primeras medidas de persecución penal contra Nicolás Maduro y su grupo. Logramos acreditar muchos de los crímenes de lesa humanidad con más de 2.000 pruebas que he consignado en los últimos 3 años. La CPI tiene elementos suficientes para actuar y estamos seguros de que lo hará. El miedo ya recorre los pasillos de todos los escondites en los que se reúnen los jerarcas del régimen a planificar sus crímenes. La certeza de que serán condenados flota de manera amenazadora en el ambiente. Están asustados, acorralados y desesperados.
Estas circunstancias representan una gran oportunidad para fortalecer una tribuna que propicie la unión del pueblo en función de objetivos concretos. ¿Cuáles? Lograr que la CPI procese penalmente a Maduro y a todos sus cómplices y colaboradores. Por eso, animo a todos a unir esfuerzos para fortalecer el proceso que ya se encuentra adelantado contra el régimen.
Han pasado muchas cosas en estos tres años, pero sin duda nada me ha distraído de mi objetivo: liberar a Venezuela de esa plaga cruel encabezada por Maduro y darles a los venezolanos la oportunidad de obtener justicia. Esta acción puede conseguir finalmente la condena de Maduro y encerrarlo en una cárcel por el resto de su vida. Sería el inicio de una nueva etapa para todos. Todos quienes nos hemos visto forzados a salir del país podremos regresar para contribuir con su reconstrucción que brinde un futuro de progreso y bienestar colectivo.
Nada me hará desistir y no descansaré hasta lograr que los criminales que hoy someten a nuestro pueblo a la miseria, el hambre y la muerte, paguen por todo el daño que han hecho.
