El ente de control imputó cargos contra cinco exfuncionarios vinculados al esquema de aseo que le concedió a la empresa del Estado Aguas de Bogotá la mitad de la recolección de basuras de la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado de apropiación contra cinco exfuncionarios de la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2014, periodo de Gustavo Petro. Las presuntas irregularidades en la prestación del servicio de recolección de basuras se presentaron, según El Tiempo, durante el segundo semestre de 2012 generaron un detrimento al patrimonio público por $56.763 millones en la compra de 278 vehículos y equipos de recolección de basuras.
Los exfuncionarios Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón, Jaime Humberto Mesa, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Solano, directivos del Acueducto de Bogotá y de la empresa Aguas de Bogotá, no aceptaron los cargos. Según el expediente de la Fiscalía al que tuvo acceso el diario El Tiempo, Bravo Borda, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, celebró dos contratos con la empresa Aguas de Bogotá pese a que esta última no contaba con la experiencia necesaria ni “la capacidad técnica y operativa para la prestación del servicio”
Además, Bravo modificó el fin del contrato para ajustarlo según el dominio de la empresa Aguas de Bogotá, cuyo gerente en su momento fue Mario Álvarez Ulloa. Así, los contratos 017 y 107 del 2012, según el documento de la Fiscalía, vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad presentes en la reglamentación estatal de contratación.
Otra de las inconsistencias encontradas por el ente acusador apuntan a la compra de maquinaria y equipamiento para la recolección de las basuras, los camiones, proceso que tuvo deficiencias en los estudios previos y en el pliego de condiciones relacionado con las especificaciones técnicas. Según El Espectador, no se supervisó, previó ni contempló financieramente la inversión de los automotores, pues los equipos no eran adecuados para la prestación del servicio.
Los automotores, recordó El Tiempo, no obedecían a la geografía ni al clima de la ciudad. Pero, Bravo aceptó los vehículos, dejando a un lado los contratos y afectando gravemente el desarrollo en la operación de recolección de basuras. Por ello, se delegaron a empresas privadas para dar debido cumplimiento al servicio.
La crisis de basuras que se presentó entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012 le dio al exalcalde Gustavo Petro el poder para reestructurar el esquema de aseo, reiteró El Espectador. El uso de volquetas para dicho proceso desconoció, para la fiscalía, las reglas para la operación de recolección de basuras. Debido a estas intervenciones irregulares se generaron graves afectaciones económicas para Aguas de Bogotá y severas consecuencias para el sistema de aseo de la ciudad.
Por ello, el exalcalde Petro firmó contratos con Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa, empresas privadas, para que la crisis no se agudizara. La nueva licitación, a la llegada de Enrique Peñalosa, excluyó a la empresa Aguas de Bogotá, que ahora se encarga de la PTAR Salitre y la limpieza de canales.
Los exfuncionarios Diego Fernando Bravo Borda, José William Garzón, Jaime Humberto Mesa, Mario Álvarez Ulloa y Ricardo Agudelo Solano, directivos del Acueducto de Bogotá y de la empresa Aguas de Bogotá, no aceptaron los cargos. Según el expediente de la Fiscalía al que tuvo acceso el diario El Tiempo, Bravo Borda, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, celebró dos contratos con la empresa Aguas de Bogotá pese a que esta última no contaba con la experiencia necesaria ni “la capacidad técnica y operativa para la prestación del servicio”
Además, Bravo modificó el fin del contrato para ajustarlo según el dominio de la empresa Aguas de Bogotá, cuyo gerente en su momento fue Mario Álvarez Ulloa. Así, los contratos 017 y 107 del 2012, según el documento de la Fiscalía, vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad presentes en la reglamentación estatal de contratación.
Otra de las inconsistencias encontradas por el ente acusador apuntan a la compra de maquinaria y equipamiento para la recolección de las basuras, los camiones, proceso que tuvo deficiencias en los estudios previos y en el pliego de condiciones relacionado con las especificaciones técnicas. Según El Espectador, no se supervisó, previó ni contempló financieramente la inversión de los automotores, pues los equipos no eran adecuados para la prestación del servicio.
Situación sanitaria en Bogotá en 2012
Además, la Fiscalía recalcó que no se contaba con la capacidad presupuestal para la firma de dicho contrato e, incluso, se firmaron adiciones por más del 50% “del monto inicial en contravención del Estatuto de la Contratación Pública”.
Los automotores, recordó El Tiempo, no obedecían a la geografía ni al clima de la ciudad. Pero, Bravo aceptó los vehículos, dejando a un lado los contratos y afectando gravemente el desarrollo en la operación de recolección de basuras. Por ello, se delegaron a empresas privadas para dar debido cumplimiento al servicio.
La crisis de basuras que se presentó entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012 le dio al exalcalde Gustavo Petro el poder para reestructurar el esquema de aseo, reiteró El Espectador. El uso de volquetas para dicho proceso desconoció, para la fiscalía, las reglas para la operación de recolección de basuras. Debido a estas intervenciones irregulares se generaron graves afectaciones económicas para Aguas de Bogotá y severas consecuencias para el sistema de aseo de la ciudad.
Por ello, el exalcalde Petro firmó contratos con Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa, empresas privadas, para que la crisis no se agudizara. La nueva licitación, a la llegada de Enrique Peñalosa, excluyó a la empresa Aguas de Bogotá, que ahora se encarga de la PTAR Salitre y la limpieza de canales.
