No me sorprende la nueva salida de Petro en defensa de la dictadura venezolana, esa misma que él ha justificado desde el día en que Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
Hagamos un breve repaso de la historia. Luego del intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Chávez fue juzgado y encarcelado. Pérez fue relevado en el cargo por su archienemigo, Rafael Caldera quien quiso ajustar cuentas con su rival, amnistiando al golpista Chávez.
Una vez en libertad, el coronel viajó a Bogotá donde fue recibido y atendido espléndidamente por Gustavo Petro. Así, se selló una estrecha amistad de dos personas a las que los unía un propósito común: incrustar en nuestros países un régimen socialista, enemigo de la libertad democrática, de la libre empresa y de la propiedad privada.
En múltiples declaraciones ante los medios, Chávez aseguró que no se perpetuaría en el poder. Dijo que respetaría las reglas establecidas y que su ejercicio presidencial se limitaría a la implantación de unas reformas necesarias para estimular el progreso y el desarrollo en Venezuela.
Han pasado más de 20 años y el chavismo continúa al frente de los destinos venezolanos. El país que tenía las mejores perspectivas de crecimiento en la región, hoy es uno de los más pobres.
Sus gentes huyen de la dictadura, buscando refugio en cualquier lugar con tal de lograr unos medios de subsistencia mínimos.
Los valores democráticos fueron violentamente derogados en Venezuela. Luego de la muerte de Chávez, Maduro tomó el mando con el apoyo de unos matones que ejercen control sobre las Fuerzas Armadas que poco a poco fueron convertidas en un cartel del narcotráfico.
Y Petro, en vez de rechazar y denunciar con la vehemencia que corresponde esa grave afectación a la democracia, sistemáticamente busca la manera de justificar al régimen oprobioso que tiene sometido a los venezolanos.
El éxodo de ciudadanos del vecino país tiene un solo responsable: el dictador Maduro que está matando de hambre a su pueblo. Y Petro, en vez de reconocerlo, intenta desviar la atención al decir que la culpa la tiene un supuesto “bloqueo”.
La ilegitimidad del régimen chavista ha sido confirmada por las democracias más sólidas del planeta. Maduro y sus secuaces, que son buscados por la justicia de los Estados Unidos para que respondan por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, son los culpables de la tragedia que padecen millones de personas que en dos décadas han tenido que padecer el riguroso látigo del comunismo.
El único bloqueo que se ha registrado sobre Venezuela, es el que el chavismo le hizo a la democracia. Las libertades fueron totalmente cercenadas por una banda de delincuentes que impuso un modelo de gobierno corrupto y mafioso que tiempo récord se encargó de extirpar la riqueza de un país que otrora era la envidia de Suramérica.
Cualquier salida que pretenda defender o justificar al cartel de narcotráfico venezolano debe ser entendida como una maniobra de encubrimiento y complicidad con el régimen criminal cuyos cabecillas, tarde o temprano, terminarán recorriendo el mismo camino que en su momento le correspondió emprender a quien fuera el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, represor que fue procesado y condenado en los Estados Unidos por narcotráfico.
Hagamos un breve repaso de la historia. Luego del intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Chávez fue juzgado y encarcelado. Pérez fue relevado en el cargo por su archienemigo, Rafael Caldera quien quiso ajustar cuentas con su rival, amnistiando al golpista Chávez.
Una vez en libertad, el coronel viajó a Bogotá donde fue recibido y atendido espléndidamente por Gustavo Petro. Así, se selló una estrecha amistad de dos personas a las que los unía un propósito común: incrustar en nuestros países un régimen socialista, enemigo de la libertad democrática, de la libre empresa y de la propiedad privada.
En múltiples declaraciones ante los medios, Chávez aseguró que no se perpetuaría en el poder. Dijo que respetaría las reglas establecidas y que su ejercicio presidencial se limitaría a la implantación de unas reformas necesarias para estimular el progreso y el desarrollo en Venezuela.
Han pasado más de 20 años y el chavismo continúa al frente de los destinos venezolanos. El país que tenía las mejores perspectivas de crecimiento en la región, hoy es uno de los más pobres.
Sus gentes huyen de la dictadura, buscando refugio en cualquier lugar con tal de lograr unos medios de subsistencia mínimos.
Los valores democráticos fueron violentamente derogados en Venezuela. Luego de la muerte de Chávez, Maduro tomó el mando con el apoyo de unos matones que ejercen control sobre las Fuerzas Armadas que poco a poco fueron convertidas en un cartel del narcotráfico.
Y Petro, en vez de rechazar y denunciar con la vehemencia que corresponde esa grave afectación a la democracia, sistemáticamente busca la manera de justificar al régimen oprobioso que tiene sometido a los venezolanos.
El éxodo de ciudadanos del vecino país tiene un solo responsable: el dictador Maduro que está matando de hambre a su pueblo. Y Petro, en vez de reconocerlo, intenta desviar la atención al decir que la culpa la tiene un supuesto “bloqueo”.
La ilegitimidad del régimen chavista ha sido confirmada por las democracias más sólidas del planeta. Maduro y sus secuaces, que son buscados por la justicia de los Estados Unidos para que respondan por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, son los culpables de la tragedia que padecen millones de personas que en dos décadas han tenido que padecer el riguroso látigo del comunismo.
El único bloqueo que se ha registrado sobre Venezuela, es el que el chavismo le hizo a la democracia. Las libertades fueron totalmente cercenadas por una banda de delincuentes que impuso un modelo de gobierno corrupto y mafioso que tiempo récord se encargó de extirpar la riqueza de un país que otrora era la envidia de Suramérica.
Cualquier salida que pretenda defender o justificar al cartel de narcotráfico venezolano debe ser entendida como una maniobra de encubrimiento y complicidad con el régimen criminal cuyos cabecillas, tarde o temprano, terminarán recorriendo el mismo camino que en su momento le correspondió emprender a quien fuera el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, represor que fue procesado y condenado en los Estados Unidos por narcotráfico.
