Disfrazar de “causas justas” las propuestas de la izquierda revolucionaria para atrapar al Estado, es una estrategia que ha dado resultado en Colombia desde hace varios años. Convertir sus deseos en leyes de la nación, ha facilitado que hoy la escala de valores de la sociedad se haya invertido, mientras se tilda de vindicativos a quienes pedimos justicia.
Ahora pretenden abrir otra puerta hacia la persecución política de sus opositores, con el fin de lograr su obsesiva idea de control totalitario del poder. Ésta vez, lo hacen tramitando un proyecto de ley para que los paramilitares extraditados, excluidos o que se retiraron “voluntariamente” de Justicia y Paz, acudan a la JEP y a la Comisión de la Verdad en calidad de testigos comparecientes; para “contribuir” a la construcción de “la verdad” del conflicto armado.
El proyecto establece que, cuando algún paramilitar diga una verdad “nueva y esclarecedora”, recibirá un certificado que le permitirá ser readmitido en el sistema. Es decir, regresar al programa de Justicia y Paz para poder reclamar los beneficios del sistema de justicia transicional.
Según el autor y el ponente de la iniciativa, “éste será un alivio para 9 millones de víctimas y en particular, 200 mil familias de desaparecidos; muchos de ellos por las acciones paramilitares que necesitan verdad”.
Extrañamente omiten que, una vez creada la Ley de Justicia y Paz, entre los requisitos para acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años de prisión, debían contar toda la verdad sobre los crímenes cometidos. Y de no cumplir con ello, perderían automáticamente todos los beneficios del acuerdo.
fue precisamente lo que sucedió con decenas de paramilitares que decidieron no colaborar con la justicia. Sin embargo, 15 años después, los promotores del presente proyecto deciden premiarlos, invocando el “derecho universal a la verdad” para las víctimas.
Tal descaro revive el mismo argumento con el que impusieron el Acuerdo de Paz de La Habana y crearon un tribunal a la medida de las farc; donde los hoy congresistas sin votos, rinden homenaje a la presidente saliente.
Este proyecto abre la posibilidad para que los paras “confiesen” crímenes que muy seguramente no cometieron. Ya vimos en el pasado casos como el del exjefe paramilitar Hebert Veloza García -otrora miembro del Frente Quinto de las farc-, conocido como ‘H.H.’ o ‘Carepollo’, quien luego de ser relacionado con secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, hurto, actos de terrorismo y de barbarie, y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, se endilgó la muerte de varias personas para cobrar dinero a cambio. Cien millones por muerto, cuentan por ahí.
Estos cabecillas, a los que hoy se les pretende dar “una nueva oportunidad”, conocen perfectamente que una de las grandes debilidades del Estado es su incapacidad para investigar, juzgar y sancionar a los criminales. Por ende, la “fabricación de culpables” es el pan de cada día, donde el testimonio es pagado según contra quién tenga que apuntar.
También ésta práctica ha sido aplicada por varias ONGs, bajo la fachada de la defensa de los derechos humanos, para promover falsos testimonios que terminan por destruir vidas y familias enteras.
Recordemos el triste caso del montaje contra el Coronel Plazas Vega, a través de un testimonio de un tal Coronel Villamizar -o Villareal, porque hasta el apellido aparece mal escrito en la entrevista que supuestamente realizó la fiscal Ángela María Buitrago-. O el tal Monsalve, testigo contra Uribe, que de ser sicario condenado a 40 años, terminó «casado» con una cirujana plástica que luego le regala una finca de 500 millones a su suegra, estando ya “separados”.
O la misma JEP, donde el magistrado Ramelli, de la sala de no reconocimiento, se dedica a hacer shows mediáticos con exhumaciones de falsos desaparecidos, como el señor Alexander Lezcano, miliciano del Frente 34 de las farc, dado de baja por el Ejército, donde increíblemente el Ministerio de Defensa terminó indemnizando a su familia por 700 millones de pesos.
Es claro que los “amigos de la paz” se valen del derecho fundamental a la verdad, para impulsar que éstos criminales ingresen a la JEP. ¿Se les acabaron los falsos testigos? ¿Ya preparan la plataforma política contra todos los que nos oponemos al adefesio del premio a terroristas?
Por ende, necesitan una ley que les permita recrear la historia de décadas de violencia contra la población civil, narrada desde la óptica de su conveniencia. Así tendrán el control de los testimonios que necesitan para perseguir y acallar con mentiras a quienes sean un obstáculo para llevar a cabo sus objetivos. Además, la verdad aún nos la deben los amnistiados del M-19, ELN, EPL, CRS a los colombianos. Nunca se les exigió contar qué hicieron, nunca nos contaron su historia y además no se les puede exigir nada, so pena de acusarnos de estigmatización.
¿Será esta la nueva cuota que tendremos que pagar?
Ahora pretenden abrir otra puerta hacia la persecución política de sus opositores, con el fin de lograr su obsesiva idea de control totalitario del poder. Ésta vez, lo hacen tramitando un proyecto de ley para que los paramilitares extraditados, excluidos o que se retiraron “voluntariamente” de Justicia y Paz, acudan a la JEP y a la Comisión de la Verdad en calidad de testigos comparecientes; para “contribuir” a la construcción de “la verdad” del conflicto armado.
El proyecto establece que, cuando algún paramilitar diga una verdad “nueva y esclarecedora”, recibirá un certificado que le permitirá ser readmitido en el sistema. Es decir, regresar al programa de Justicia y Paz para poder reclamar los beneficios del sistema de justicia transicional.
Según el autor y el ponente de la iniciativa, “éste será un alivio para 9 millones de víctimas y en particular, 200 mil familias de desaparecidos; muchos de ellos por las acciones paramilitares que necesitan verdad”.
Extrañamente omiten que, una vez creada la Ley de Justicia y Paz, entre los requisitos para acceder a la pena alternativa de 5 a 8 años de prisión, debían contar toda la verdad sobre los crímenes cometidos. Y de no cumplir con ello, perderían automáticamente todos los beneficios del acuerdo.
fue precisamente lo que sucedió con decenas de paramilitares que decidieron no colaborar con la justicia. Sin embargo, 15 años después, los promotores del presente proyecto deciden premiarlos, invocando el “derecho universal a la verdad” para las víctimas.
Tal descaro revive el mismo argumento con el que impusieron el Acuerdo de Paz de La Habana y crearon un tribunal a la medida de las farc; donde los hoy congresistas sin votos, rinden homenaje a la presidente saliente.
Este proyecto abre la posibilidad para que los paras “confiesen” crímenes que muy seguramente no cometieron. Ya vimos en el pasado casos como el del exjefe paramilitar Hebert Veloza García -otrora miembro del Frente Quinto de las farc-, conocido como ‘H.H.’ o ‘Carepollo’, quien luego de ser relacionado con secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, hurto, actos de terrorismo y de barbarie, y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, se endilgó la muerte de varias personas para cobrar dinero a cambio. Cien millones por muerto, cuentan por ahí.
Estos cabecillas, a los que hoy se les pretende dar “una nueva oportunidad”, conocen perfectamente que una de las grandes debilidades del Estado es su incapacidad para investigar, juzgar y sancionar a los criminales. Por ende, la “fabricación de culpables” es el pan de cada día, donde el testimonio es pagado según contra quién tenga que apuntar.
También ésta práctica ha sido aplicada por varias ONGs, bajo la fachada de la defensa de los derechos humanos, para promover falsos testimonios que terminan por destruir vidas y familias enteras.
Recordemos el triste caso del montaje contra el Coronel Plazas Vega, a través de un testimonio de un tal Coronel Villamizar -o Villareal, porque hasta el apellido aparece mal escrito en la entrevista que supuestamente realizó la fiscal Ángela María Buitrago-. O el tal Monsalve, testigo contra Uribe, que de ser sicario condenado a 40 años, terminó «casado» con una cirujana plástica que luego le regala una finca de 500 millones a su suegra, estando ya “separados”.
O la misma JEP, donde el magistrado Ramelli, de la sala de no reconocimiento, se dedica a hacer shows mediáticos con exhumaciones de falsos desaparecidos, como el señor Alexander Lezcano, miliciano del Frente 34 de las farc, dado de baja por el Ejército, donde increíblemente el Ministerio de Defensa terminó indemnizando a su familia por 700 millones de pesos.
Es claro que los “amigos de la paz” se valen del derecho fundamental a la verdad, para impulsar que éstos criminales ingresen a la JEP. ¿Se les acabaron los falsos testigos? ¿Ya preparan la plataforma política contra todos los que nos oponemos al adefesio del premio a terroristas?
Por ende, necesitan una ley que les permita recrear la historia de décadas de violencia contra la población civil, narrada desde la óptica de su conveniencia. Así tendrán el control de los testimonios que necesitan para perseguir y acallar con mentiras a quienes sean un obstáculo para llevar a cabo sus objetivos. Además, la verdad aún nos la deben los amnistiados del M-19, ELN, EPL, CRS a los colombianos. Nunca se les exigió contar qué hicieron, nunca nos contaron su historia y además no se les puede exigir nada, so pena de acusarnos de estigmatización.
¿Será esta la nueva cuota que tendremos que pagar?
