Fatou Bensouda presentará esta semana su “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020″ en el que se espera que se pronuncie sobre Venezuela. “Demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, dijo Julio Borges.
Infobae | 13 de diciembre de 2020
Nicolás Maduro, acusado por la ONU y la OEA de delitos de lesa humanidad
|
Los días de diciembre pasan y se acerca fin de año pero antes de que cambie el calendario los venezolanos esperan el pronunciamiento de un actor clave para terminar con la brutal dictadura que padecen: La Corte Penal Internacional (CPI). Es que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, tiene que presentar su Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020 en el que se espera que se pronuncie sobre el enjuiciamiento internacional de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Donde se denuncian sus violaciones atroces los derechos humanos, Maduro se ofende y se va. Se fue la OEA, de la CIDH, hasta amagó con irse de la ONU, pero de La Haya no puede: Venezuela reconoce la competencia del Tribunal de Justicia. Allí denunció a EEUU por las sanciones, y allí se presentaron una montaña de evidencias de sus crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al régimen de Maduro, pero desde entonces hubo pocas novedades.
Julio Borges, canciller de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por la comunidad internacional, afirmó en diálogo con Infobae que “los tiempos de la justicia universal son lentos y no compaginan con el sufrimiento del pueblo venezolano”. “Nosotros esperábamos que los resultados de este examen se hubieran publicado hace mucho tiempo, demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, denunció.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad. El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial.
En una polémica decisión, en noviembre de este año, Bensouda recibió a una delegación de la dictadura compuesta por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Decenas de países democráticos no reconocen a los funcionarios de Maduro como legítimos por eso esta reunión -con varias fotos públicas- causó revuelo internacional. En la cita, sin embargo, la fiscal informó a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Esta escueta frase - “crímenes que competen a la Corte”- encierra delitos aberrantes.
Según la misión especial de la ONU para Venezuela “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”. Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
Francisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición”, sostuvo.
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.
Valiñas fue clara: afirmó que la Corte Penal Internacional “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.
En julio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
En esa ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
La Organización de Estados Americanos (OEA) fue contundente. En su último informe sobre el tema califica como “inexplicable la lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Hasta ahora la Corte le ha fallado al pueblo venezolano”, dijo el 2 de diciembre pasado durante la presentación del informe el secretario general de Luis Almagro.
El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que “la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”. El experto señaló que como consecuencia de la lentitud de la investigación, Maduro “se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad”.
“Al régimen de Venezuela se le ha permitido actuar con impunidad durante demasiado tiempo”, denunció Almagro.
El informe de 153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El nuevo documento señala, además, que desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.
Los datos de la investigación son abrumadores. Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
También contabiliza 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014. Documenta 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019. Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.
Asegura que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
“La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Genser. “Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos”, agregó.
El Estatuto de Roma, el cual estableció la Corte Penal Internacional, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad y señala que los actos allí detallados constituyen tal entidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y, en consecuencia, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
“Quienes sirven a la dictadura deben entender que la justicia llega, tarda pero llega, y por ende, es mejor avanzar hacia una transición con garantías democráticas que hundirse con un dictador como Maduro, todavía están a tiempo”, afirmó Borges.
“Los fiscales buscan recabar indicios, información suficiente para comenzar un proceso que tiene muchas fases y en todas las cuales se permite la defensa”, explicó a Infobae el abogado constitucionalista venezolano Juan Manuel Rafalli sobre el procedimiento en La Haya. Y agregó: “Un fiscal moderadamente diligente, aun cuando los tiempos en la CPI son lentos, ya tendría en la mano suficientes indicios para tomar una decisión”.
Para la OEA, la Fiscal de la CPI “fracasa” en realizar su examen preliminar de manera expedita y le recomienda “proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”, denunció Almagro.
A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. “La fiscal Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su “examen preliminar”, recuerda la OEA. Como resultado, afirma Almagro, “el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad”.
Esta semana, Bensouda puede quebrar años de dilación y finalmente abrir el proceso contra el dictador.
Donde se denuncian sus violaciones atroces los derechos humanos, Maduro se ofende y se va. Se fue la OEA, de la CIDH, hasta amagó con irse de la ONU, pero de La Haya no puede: Venezuela reconoce la competencia del Tribunal de Justicia. Allí denunció a EEUU por las sanciones, y allí se presentaron una montaña de evidencias de sus crímenes de lesa humanidad.
Fatou Bensouda (AFP)
|
Julio Borges, canciller de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por la comunidad internacional, afirmó en diálogo con Infobae que “los tiempos de la justicia universal son lentos y no compaginan con el sufrimiento del pueblo venezolano”. “Nosotros esperábamos que los resultados de este examen se hubieran publicado hace mucho tiempo, demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, denunció.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad. El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial.
En una polémica decisión, en noviembre de este año, Bensouda recibió a una delegación de la dictadura compuesta por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Decenas de países democráticos no reconocen a los funcionarios de Maduro como legítimos por eso esta reunión -con varias fotos públicas- causó revuelo internacional. En la cita, sin embargo, la fiscal informó a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Tarek William Saab, fiscal general chavista, y Fatou Bensouda, fiscal de la CPI
|
Según la misión especial de la ONU para Venezuela “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”. Según Cox, los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
Francisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición”, sostuvo.
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.
Valiñas fue clara: afirmó que la Corte Penal Internacional “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.
En julio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet (EFE)
|
La Organización de Estados Americanos (OEA) fue contundente. En su último informe sobre el tema califica como “inexplicable la lentitud” del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Hasta ahora la Corte le ha fallado al pueblo venezolano”, dijo el 2 de diciembre pasado durante la presentación del informe el secretario general de Luis Almagro.
El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que “la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”. El experto señaló que como consecuencia de la lentitud de la investigación, Maduro “se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad”.
“Al régimen de Venezuela se le ha permitido actuar con impunidad durante demasiado tiempo”, denunció Almagro.
El informe de 153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El nuevo documento señala, además, que desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.
Los datos de la investigación son abrumadores. Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
También contabiliza 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014. Documenta 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019. Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.
Asegura que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
“La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Genser. “Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos”, agregó.
El Estatuto de Roma, el cual estableció la Corte Penal Internacional, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad y señala que los actos allí detallados constituyen tal entidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y, en consecuencia, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.
“Quienes sirven a la dictadura deben entender que la justicia llega, tarda pero llega, y por ende, es mejor avanzar hacia una transición con garantías democráticas que hundirse con un dictador como Maduro, todavía están a tiempo”, afirmó Borges.
“Los fiscales buscan recabar indicios, información suficiente para comenzar un proceso que tiene muchas fases y en todas las cuales se permite la defensa”, explicó a Infobae el abogado constitucionalista venezolano Juan Manuel Rafalli sobre el procedimiento en La Haya. Y agregó: “Un fiscal moderadamente diligente, aun cuando los tiempos en la CPI son lentos, ya tendría en la mano suficientes indicios para tomar una decisión”.
Luis Almagro, secretario General de la OEA
|
“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”, denunció Almagro.
A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. “La fiscal Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su “examen preliminar”, recuerda la OEA. Como resultado, afirma Almagro, “el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad”.
Esta semana, Bensouda puede quebrar años de dilación y finalmente abrir el proceso contra el dictador.
