“Agarrar a Juan Manuel Santos diciendo una verdad, es imposible”. La frase es imposible de olvidar, por lo precisa, pertinente y contundente. Su autor: el senador de izquierda Jorge Robledo.
Hace unas semanas, el expresidente que logró llegar a la primera magistratura gracias al dinero corrupto de Odebrecht, se despachó contra el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez señalándolo -como lo ha venido haciendo la extrema izquierda- de haber atentado contra la paz en el caso del narcotraficante ‘Jesús Sántrich’.
Según Santos, el exfiscal jamás le informó de las investigaciones que por narcotráfico se adelantaban contra el cabecilla de las Farc.
Pero como entre cielo y Tierra no hay nada oculto, el esplendor de la verdad se ha impuesto con toda su soberbia.
Se han conocido sendas cartas que el entonces fiscal Martínez Neira le remitió a la presidencia de la República en las que se daba cuenta de los actos ilícitos en los que estaban involucrados ‘Sántrich’ y su compinche Marlon Marín, sobrino del narcoterrorista ‘Iván Márquez’.
Las misivas, son claras, directas, contundentes y dejan en evidencia, una vez más que Santos miente alevosamente cuando dice que no estaba enterado de las andanzas de ‘Sántrich’.
No deja de ser preocupante que él, en su condición de presidente de la República, no haya hecho lo correspondiente para ponerle freno a la operación delincuencial que oportunamente le fue dada a conocer por parte de la fiscalía y que, al contrario, hubiera guardado silencio cómplice.
Gracias a la actitud silente de Santos, ‘Sántrich’ pudo avanzar impunemente en la negociación del cargamento de 10 toneladas de cocaína que se frustró gracias a la intervención oportuna de la fiscalía general.
Últimamente, todas le están saliendo mal al expresidente Santos. Sus tramoyas y complots continúan quedando en evidencia. Gracias a las cartas de Néstor Humberto Martínez, el país puede concluir que el exmandatario fue un cómplice de los delitos cometidos por ‘Sántrich’. Otro entramado que se ha desplomado es el que Santos, como ministro de Defensa, erigió contra el almirante Gabriel Arango Bacci, en cuyo favor el Consejo de Estado acaba de ordenar una multimillonaria indemnización.
Hace unas semanas, el expresidente que logró llegar a la primera magistratura gracias al dinero corrupto de Odebrecht, se despachó contra el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez señalándolo -como lo ha venido haciendo la extrema izquierda- de haber atentado contra la paz en el caso del narcotraficante ‘Jesús Sántrich’.
Según Santos, el exfiscal jamás le informó de las investigaciones que por narcotráfico se adelantaban contra el cabecilla de las Farc.
Pero como entre cielo y Tierra no hay nada oculto, el esplendor de la verdad se ha impuesto con toda su soberbia.
Se han conocido sendas cartas que el entonces fiscal Martínez Neira le remitió a la presidencia de la República en las que se daba cuenta de los actos ilícitos en los que estaban involucrados ‘Sántrich’ y su compinche Marlon Marín, sobrino del narcoterrorista ‘Iván Márquez’.
Las misivas, son claras, directas, contundentes y dejan en evidencia, una vez más que Santos miente alevosamente cuando dice que no estaba enterado de las andanzas de ‘Sántrich’.
No deja de ser preocupante que él, en su condición de presidente de la República, no haya hecho lo correspondiente para ponerle freno a la operación delincuencial que oportunamente le fue dada a conocer por parte de la fiscalía y que, al contrario, hubiera guardado silencio cómplice.
Gracias a la actitud silente de Santos, ‘Sántrich’ pudo avanzar impunemente en la negociación del cargamento de 10 toneladas de cocaína que se frustró gracias a la intervención oportuna de la fiscalía general.
Últimamente, todas le están saliendo mal al expresidente Santos. Sus tramoyas y complots continúan quedando en evidencia. Gracias a las cartas de Néstor Humberto Martínez, el país puede concluir que el exmandatario fue un cómplice de los delitos cometidos por ‘Sántrich’. Otro entramado que se ha desplomado es el que Santos, como ministro de Defensa, erigió contra el almirante Gabriel Arango Bacci, en cuyo favor el Consejo de Estado acaba de ordenar una multimillonaria indemnización.
