Néstor Humberto Martínez Neira | El Tiempo | 29 de noviembre de 2020
Se hacen debates en el Congreso para que la sociedad se informe; se escuchen diversas tesis y versiones sobre asuntos de interés nacional y funcione el control del poder. La dialéctica es de la esencia del foro parlamentario. Sin embargo, los senadores citantes del debate sobre el caso 'Santrich' quisieron inaugurar una nueva modalidad de democracia parlamentaria: el monólogo y la encerrona, como mecanismo de manipulación de la opinión pública. Muy propio de la izquierda autoritaria del vecindario. Pero la celada no prosperó gracias al presidente de la Comisión, Miguel Ángel Pinto, quien invitó al fiscal de la época a participar en la sesión.
A nadie sorprende que Petro, Cepeda, Sanguino y Barreras hayan alzado la voz por la defensa de los rebeldes involucrados en narcotráfico, mientras guardan silencio absoluto frente a la devolución de los menores; el incumplimiento de la entrega de bienes de la Farc; la falta de compromiso con la verdad en relación con el reclutamiento de menores y la expansión de los cultivos ilícitos y las disidencias farianas en las zonas de consolidación.
Se dijo en el debate que la Fiscalía obraba deslealmente contra el acuerdo de paz, para hacerle daño, al punto de que todo se hacía a espaldas del Gobierno. Mentira. Muy temprano, a escasos meses de la firma del acuerdo, la Fiscalía encontró que un sector de los desmovilizados mantenía relaciones non sanctas con narcos. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2017 se frustró la captura del responsable de la expansión de los cultivos de coca en Nariño, Tito Aldemar Ruano –alias Don Ti–, porque se internó en la zona veredal de las antiguas Farc, ubicada en Tumaco, bajo su protección! Así de escandaloso! Di cuenta de ello y otros delitos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en carta del 10 de julio de 2017, y al mes siguiente le refrendé nuevos hechos delictivos que comprometían la “no repetición”.
Preocupado por lo que acontecía escalé el problema frente al jefe del Estado. De hecho, el 19 de octubre de 2017 hice entrega de un documento de 17 páginas, en el cual detallé “información, interceptaciones y otras evidencias que comprobarían la continuidad en la actividad de narcotráfico y otros delitos por parte de exintegrantes de las Farc, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz (y) la connivencia de algunos de estos con miembros de las disidencias que operan en el sur del país”, por lo cual solicité la convocatoria inmediata de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno tuvo información detallada de lo que pasaba hasta entonces. Dos semanas después, el primero de noviembre de 2017, lamentablemente se produjo un hecho fatal e irreversible: la famosa transacción de los 5 kilos de coca.
A comienzos del 2017, en el marco de una investigación contra unos caballeros de industria que esquilmaban la salud, se tuvo acceso a una negociación que estaban fraguando con el sobrino de ‘Iván Márquez’ para meterse en sus bolsillos los dineros de la seguridad social de los excombatientes. El negociado fracasó porque se atravesó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Enseguida le enfilaron baterías a los recursos para los proyectos productivos del posconflicto; como se sabe, Marlon Marín cobraba el 5 % de cada contrato “para él y su familia”. También se le pilló traficando influencias para que se certificara como desmovilizados de las Farc a unos extraditables. Será posible que hoy se le reclame a la Fiscalía por haber investigado estos desafueros contra la ética y la ley.
En medio de todos estos escandalosos negociados, con los dineros que los colombianos reservamos para los excombatientes, que nunca merecieron la censura pública de los senadores citantes al debate, se supo de una transacción de cocaína que los protagonistas llamaban “televisores” en sus comunicaciones. Hasta ese momento la investigación no se dirigía contra dirigente alguno de los desmovilizados.
Puestas en orden todas las piezas de la investigación se logró saber que cuando le propusieron a Marlon Marín la transacción de 5 kilos de coca, buscó a ‘Santrich’ porque “yo anteriormente había escuchado que él tenía conexiones con gente que producía este material (COCAINA) y ‘Santrich’ me dice que tiene todos los contactos para poder proveerles a estas personas”, como lo declaró ante la justicia. Lo que queda claro es que la Fiscalía no lo entrampó. Fueron Marín y ‘Santrich’ los que “solitos” se metieron en este enredo.
Más grave aún que se diga que Armando Gómez, quien entregó la coca negociada, era agente de la DEA. Pero además, absurdo: sería el primer caso de un presunto colaborador de la justicia americana que es extraditado y puesto preso en los Estados Unidos.
Sin sonrojarse, los senadores dijeron en el debate, siguiendo la partitura de la defensa impúdica que asumieron, que los 5 kilos de coca de la “entrega controlada” eran de la Fiscalía y no de la banda de Marlon Marín. Teoría central para sustentar la tesis del entrampamiento.
Esa transacción, llevada a cabo el primero de noviembre de 2017, fue documentada por el Gaula, mediante una “entrega controlada”, como se ha dicho tantas veces. Las “entregas controladas” son operaciones en las que policías judiciales asisten a la escena del crimen para dejar evidencia de la entrega de bienes que forman parte de un delito. Es un despropósito pensar que haya entregas controladas de coca que no sea de narcos.
En el testimonio que rindió Marlon Marín el 16 de mayo de 2019, manifestó que los cinco kilos de coca se los hizo llegar alias ‘Santrich’, a través de alias ‘John’. Y para cerrar este disparate sobre el origen de la droga, en documento fechado el 26 de noviembre, la Fiscalía demostró detalladamente las razones por las cuales “no es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación”.
Otro acto del debate tuvo que ver con la defensa de la JEP en este caso. Se repitió allí que la Fiscalía tenía 24.000 audios que no le entregó a la justicia transicional. Las mentiras tantas veces dichas terminan convertidas en verdades. En caso de existir, los 24.000 audios deben corresponder a tres expedientes que obraban en la Fiscalía alrededor de Marlon Marín, relacionados con los negocios de la salud; los contratos del posconflicto; las certificaciones de extraditables como desmovilizados; lavado de activos y el negocio de los “televisores”.
La JEP afirma que la Fiscalía solo le envió 12 audios “dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández”, a pesar de que en el 2018 la JEP siempre supo que las investigaciones existentes eran contra el señor Marín.
En cualquier caso, este debate de los audios lo cierra en buena hora la Fiscalía, en el documento que envió al Senado en esta semana que termina, en el que afirma: “Dado que no se solicitaron audios de otras investigaciones ni se decretó ninguna inspección judicial dentro de este caso, de acuerdo con la información suministrada por la fiscal titular del mismo, esta última se limitó a remitir únicamente lo solicitado por la Sección de Revisión”.
Por otro lado, los citantes hicieron coro para reclamarme no haber enviado a la JEP el famoso video de ‘Santrich’. Por lo que se sabe, una copia auténtica, completa y con audio de este video se obtuvo por la Fiscalía mediante cooperación judicial, después de mi retiro, el 16 de mayo de 2019. Sin embargo, más grave que el señalamiento en mi contra, es la acusación al Gobierno estadounidense de que el video que compartió con la Fiscalía está manipulado y es un vulgar montaje. No me cabe duda de que la justicia americana ya tomó nota del infundio. Es una pena que congresistas colombianos piensen que así opera la justicia más respetada del mundo.
Por último, la opinión pública debe enterarse de que la misma JEP, al negarle al ciudadano Fabio Younes la garantía de no extradición el 28 de noviembre pasado, afirmó que el famoso indictment, que involucraba tanto a Younes como a ‘Santrich’, acredita que los hechos ocurrieron “al menos (desde) junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018 inclusive”. Es decir, el magistrado Cifuentes y los demás miembros de la Sala de Apelación advirtieron fácilmente la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que no pudo hacer en más de un año la Sección de Revisión.
El día de mi posesión como Fiscal dije, con voz firme, que “los beneficios no convivirían con el delito”. Era el corolario del principio de “no repetición”. Los senadores citantes a este debate, que se autoproclaman “amigos de la paz”, enjuician a la Fiscalía por no ser cómplice del narcotráfico, del incumplimiento en la entrega de bienes para indemnizar a las víctimas, del intento de apropiarse de los dineros para los excombatientes. ¿Quién tiene la razón?
A nadie sorprende que Petro, Cepeda, Sanguino y Barreras hayan alzado la voz por la defensa de los rebeldes involucrados en narcotráfico, mientras guardan silencio absoluto frente a la devolución de los menores; el incumplimiento de la entrega de bienes de la Farc; la falta de compromiso con la verdad en relación con el reclutamiento de menores y la expansión de los cultivos ilícitos y las disidencias farianas en las zonas de consolidación.
Lealtad
Se dijo en el debate que la Fiscalía obraba deslealmente contra el acuerdo de paz, para hacerle daño, al punto de que todo se hacía a espaldas del Gobierno. Mentira. Muy temprano, a escasos meses de la firma del acuerdo, la Fiscalía encontró que un sector de los desmovilizados mantenía relaciones non sanctas con narcos. Por ejemplo, el 22 de febrero de 2017 se frustró la captura del responsable de la expansión de los cultivos de coca en Nariño, Tito Aldemar Ruano –alias Don Ti–, porque se internó en la zona veredal de las antiguas Farc, ubicada en Tumaco, bajo su protección! Así de escandaloso! Di cuenta de ello y otros delitos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en carta del 10 de julio de 2017, y al mes siguiente le refrendé nuevos hechos delictivos que comprometían la “no repetición”.
"Los senadores citantes a este debate, que se autoproclaman ‘amigos de la paz’, enjuician a la Fiscalía por no ser cómplice del narcotráfico"
El Gobierno tuvo información detallada de lo que pasaba hasta entonces. Dos semanas después, el primero de noviembre de 2017, lamentablemente se produjo un hecho fatal e irreversible: la famosa transacción de los 5 kilos de coca.
No fue entrampamiento
A comienzos del 2017, en el marco de una investigación contra unos caballeros de industria que esquilmaban la salud, se tuvo acceso a una negociación que estaban fraguando con el sobrino de ‘Iván Márquez’ para meterse en sus bolsillos los dineros de la seguridad social de los excombatientes. El negociado fracasó porque se atravesó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Enseguida le enfilaron baterías a los recursos para los proyectos productivos del posconflicto; como se sabe, Marlon Marín cobraba el 5 % de cada contrato “para él y su familia”. También se le pilló traficando influencias para que se certificara como desmovilizados de las Farc a unos extraditables. Será posible que hoy se le reclame a la Fiscalía por haber investigado estos desafueros contra la ética y la ley.
En medio de todos estos escandalosos negociados, con los dineros que los colombianos reservamos para los excombatientes, que nunca merecieron la censura pública de los senadores citantes al debate, se supo de una transacción de cocaína que los protagonistas llamaban “televisores” en sus comunicaciones. Hasta ese momento la investigación no se dirigía contra dirigente alguno de los desmovilizados.
Puestas en orden todas las piezas de la investigación se logró saber que cuando le propusieron a Marlon Marín la transacción de 5 kilos de coca, buscó a ‘Santrich’ porque “yo anteriormente había escuchado que él tenía conexiones con gente que producía este material (COCAINA) y ‘Santrich’ me dice que tiene todos los contactos para poder proveerles a estas personas”, como lo declaró ante la justicia. Lo que queda claro es que la Fiscalía no lo entrampó. Fueron Marín y ‘Santrich’ los que “solitos” se metieron en este enredo.
Más grave aún que se diga que Armando Gómez, quien entregó la coca negociada, era agente de la DEA. Pero además, absurdo: sería el primer caso de un presunto colaborador de la justicia americana que es extraditado y puesto preso en los Estados Unidos.
No era la Fiscalía
Sin sonrojarse, los senadores dijeron en el debate, siguiendo la partitura de la defensa impúdica que asumieron, que los 5 kilos de coca de la “entrega controlada” eran de la Fiscalía y no de la banda de Marlon Marín. Teoría central para sustentar la tesis del entrampamiento.
Esa transacción, llevada a cabo el primero de noviembre de 2017, fue documentada por el Gaula, mediante una “entrega controlada”, como se ha dicho tantas veces. Las “entregas controladas” son operaciones en las que policías judiciales asisten a la escena del crimen para dejar evidencia de la entrega de bienes que forman parte de un delito. Es un despropósito pensar que haya entregas controladas de coca que no sea de narcos.
En el testimonio que rindió Marlon Marín el 16 de mayo de 2019, manifestó que los cinco kilos de coca se los hizo llegar alias ‘Santrich’, a través de alias ‘John’. Y para cerrar este disparate sobre el origen de la droga, en documento fechado el 26 de noviembre, la Fiscalía demostró detalladamente las razones por las cuales “no es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación”.
La entrega de los audios
Otro acto del debate tuvo que ver con la defensa de la JEP en este caso. Se repitió allí que la Fiscalía tenía 24.000 audios que no le entregó a la justicia transicional. Las mentiras tantas veces dichas terminan convertidas en verdades. En caso de existir, los 24.000 audios deben corresponder a tres expedientes que obraban en la Fiscalía alrededor de Marlon Marín, relacionados con los negocios de la salud; los contratos del posconflicto; las certificaciones de extraditables como desmovilizados; lavado de activos y el negocio de los “televisores”.
La JEP afirma que la Fiscalía solo le envió 12 audios “dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández”, a pesar de que en el 2018 la JEP siempre supo que las investigaciones existentes eran contra el señor Marín.
En cualquier caso, este debate de los audios lo cierra en buena hora la Fiscalía, en el documento que envió al Senado en esta semana que termina, en el que afirma: “Dado que no se solicitaron audios de otras investigaciones ni se decretó ninguna inspección judicial dentro de este caso, de acuerdo con la información suministrada por la fiscal titular del mismo, esta última se limitó a remitir únicamente lo solicitado por la Sección de Revisión”.
Por otro lado, los citantes hicieron coro para reclamarme no haber enviado a la JEP el famoso video de ‘Santrich’. Por lo que se sabe, una copia auténtica, completa y con audio de este video se obtuvo por la Fiscalía mediante cooperación judicial, después de mi retiro, el 16 de mayo de 2019. Sin embargo, más grave que el señalamiento en mi contra, es la acusación al Gobierno estadounidense de que el video que compartió con la Fiscalía está manipulado y es un vulgar montaje. No me cabe duda de que la justicia americana ya tomó nota del infundio. Es una pena que congresistas colombianos piensen que así opera la justicia más respetada del mundo.
Por último, la opinión pública debe enterarse de que la misma JEP, al negarle al ciudadano Fabio Younes la garantía de no extradición el 28 de noviembre pasado, afirmó que el famoso indictment, que involucraba tanto a Younes como a ‘Santrich’, acredita que los hechos ocurrieron “al menos (desde) junio de 2017, o alrededor de dicha fecha, hasta abril de 2018 inclusive”. Es decir, el magistrado Cifuentes y los demás miembros de la Sala de Apelación advirtieron fácilmente la fecha de ocurrencia de los hechos, lo que no pudo hacer en más de un año la Sección de Revisión.
El día de mi posesión como Fiscal dije, con voz firme, que “los beneficios no convivirían con el delito”. Era el corolario del principio de “no repetición”. Los senadores citantes a este debate, que se autoproclaman “amigos de la paz”, enjuician a la Fiscalía por no ser cómplice del narcotráfico, del incumplimiento en la entrega de bienes para indemnizar a las víctimas, del intento de apropiarse de los dineros para los excombatientes. ¿Quién tiene la razón?
