La cuestionada sala de instrucción de la corte suprema -esa misma que hace unos meses decretó el secuestro del presidente Uribe- desde hace más de 2 años tiene en su poder una evidencia demoledora contra el senador y exterrorista del M-19, Gustavo Petro.
Se trata del denominado ‘narcovideo’ en el que quien funge como cabecilla de la ‘Colombia Humana’ aparece recibiendo y empacando gruesas sumas de dinero en efectivo.
La pieza audiovisual fue grabada por un personaje oscuro contra el que pesa una orden de captura internacional: Juan Carlos Montes.
Misteriosamente, la investigación contra Petro no se ha movido un milímetro. El magistrado instructor ha hecho lo correspondiente para que el expediente continúe arrumado en algún rincón del palacio de Justicia, acumulando polvo.
Llama la atención que, en cambio, la investigación contra el senador barranquillero Eduardo Pulgar, haya avanzado tan rápido con una evidencia muy parecida a la de Petro.
Como es sabido, Pulgar fue grabado ilegalmente por un misterioso juez mientras el congresista hacía un ofrecimiento de dinero.
Un interrogante que la justicia tiene que dilucidar apunta a buscar la respuesta de por qué el juez en cuestión no denunció el hecho de manera inmediata y, en cambio, resolvió guardar la grabación durante largos años.
El funcionario judicial, en su condición de servidor público, estaba en la obligación de denunciar inmediatamente el intento de soborno que el alega le fue hecho por el ahora capturado senador Eduardo Pulgar.
Seguramente Pulgar tendrá que dar las explicaciones correspondientes, pero también debe hacerlo el juez. ¿Por qué grabó la reunión? ¿Con qué propósito guardó la grabación durante tanto tiempo? ¿Por qué incumplió su deber de servidor público de denunciar el supuesto intento de soborno que le hizo el parlamentario?
Pero lo cierto es que a Pulgar -con la votación de 3 magistrados de los 5 que integran la sala de instrucción- le fue librada una medida de aseguramiento que fue duramente cuestionada por un magistrado que salvó su voto.
Se trata de Francisco Farfán Molina quien puso en evidencia que la captura de Pulgar se realizó sin que previamente se hubiera confirmado la integridad de la prueba en su contra, que es la grabación hecha por el juez Rodríguez Cáez. Subsisten las dudas respecto de la misma, en el sentido de que no se sabe si la misma fue editada o manipulada y si el audio que se conoce corresponde al original, pues Los Irreverentes pudieron confirmar que el propio Rodríguez Cáez -quien huyó hacia los Estados Unidos- confesó ante la corte suprema de justicia que él destruyó la grabadora donde tenía guardada la grabación original y que el audio que fue filtrado al blog de Daniel Coronel es una copia.
En el salvamento de voto del magistrado Farfán, se lee que “la medida de aseguramiento [contra Pulgar] fue adoptada sin resolver aún un incidente de objeción por error grave al dictamen pericial que de manera preliminar determina la autenticidad de la evidencia digital incorporada a la actuación, y básicamente de las grabaciones de audio obtenidas por el juez de Usiacurí Andrés Rodríguez Gaez (sic), en dos reuniones donde éste participó: la primera en la casa del senador Enrique Pulgar Daza, y el segundo encuentro en la oficina de Andrés Name Teherán, y en cuyo contenido, específicamente durante el primer encuentro, el aforado [Pulgar] habría realizado ofrecimientos dinerarios ilícitos al funcionario judicial (de ‘200 barras’), para que este adoptara una decisión a favor de Acosta Osio, rector de la U Metropolitana…”.
La justicia debe obrar de manera semejante en casos análogos. Nadie duda del altísimo nivel de politización de la corte suprema de justicia que, en la práctica, ejerce como un directorio político. Si la polémica grabación de Pulgar es suficiente para llevar a ese parlamentario a la cárcel, el elocuente video de Petro contando, olfateando y solazándose con fajos de dinero debe ser evidencia apodíctica para disponer su inmediato encarcelamiento.
Se trata del denominado ‘narcovideo’ en el que quien funge como cabecilla de la ‘Colombia Humana’ aparece recibiendo y empacando gruesas sumas de dinero en efectivo.
La pieza audiovisual fue grabada por un personaje oscuro contra el que pesa una orden de captura internacional: Juan Carlos Montes.
Misteriosamente, la investigación contra Petro no se ha movido un milímetro. El magistrado instructor ha hecho lo correspondiente para que el expediente continúe arrumado en algún rincón del palacio de Justicia, acumulando polvo.
Llama la atención que, en cambio, la investigación contra el senador barranquillero Eduardo Pulgar, haya avanzado tan rápido con una evidencia muy parecida a la de Petro.
Como es sabido, Pulgar fue grabado ilegalmente por un misterioso juez mientras el congresista hacía un ofrecimiento de dinero.
Un interrogante que la justicia tiene que dilucidar apunta a buscar la respuesta de por qué el juez en cuestión no denunció el hecho de manera inmediata y, en cambio, resolvió guardar la grabación durante largos años.
El funcionario judicial, en su condición de servidor público, estaba en la obligación de denunciar inmediatamente el intento de soborno que el alega le fue hecho por el ahora capturado senador Eduardo Pulgar.
Seguramente Pulgar tendrá que dar las explicaciones correspondientes, pero también debe hacerlo el juez. ¿Por qué grabó la reunión? ¿Con qué propósito guardó la grabación durante tanto tiempo? ¿Por qué incumplió su deber de servidor público de denunciar el supuesto intento de soborno que le hizo el parlamentario?
Pero lo cierto es que a Pulgar -con la votación de 3 magistrados de los 5 que integran la sala de instrucción- le fue librada una medida de aseguramiento que fue duramente cuestionada por un magistrado que salvó su voto.
Se trata de Francisco Farfán Molina quien puso en evidencia que la captura de Pulgar se realizó sin que previamente se hubiera confirmado la integridad de la prueba en su contra, que es la grabación hecha por el juez Rodríguez Cáez. Subsisten las dudas respecto de la misma, en el sentido de que no se sabe si la misma fue editada o manipulada y si el audio que se conoce corresponde al original, pues Los Irreverentes pudieron confirmar que el propio Rodríguez Cáez -quien huyó hacia los Estados Unidos- confesó ante la corte suprema de justicia que él destruyó la grabadora donde tenía guardada la grabación original y que el audio que fue filtrado al blog de Daniel Coronel es una copia.
En el salvamento de voto del magistrado Farfán, se lee que “la medida de aseguramiento [contra Pulgar] fue adoptada sin resolver aún un incidente de objeción por error grave al dictamen pericial que de manera preliminar determina la autenticidad de la evidencia digital incorporada a la actuación, y básicamente de las grabaciones de audio obtenidas por el juez de Usiacurí Andrés Rodríguez Gaez (sic), en dos reuniones donde éste participó: la primera en la casa del senador Enrique Pulgar Daza, y el segundo encuentro en la oficina de Andrés Name Teherán, y en cuyo contenido, específicamente durante el primer encuentro, el aforado [Pulgar] habría realizado ofrecimientos dinerarios ilícitos al funcionario judicial (de ‘200 barras’), para que este adoptara una decisión a favor de Acosta Osio, rector de la U Metropolitana…”.
La justicia debe obrar de manera semejante en casos análogos. Nadie duda del altísimo nivel de politización de la corte suprema de justicia que, en la práctica, ejerce como un directorio político. Si la polémica grabación de Pulgar es suficiente para llevar a ese parlamentario a la cárcel, el elocuente video de Petro contando, olfateando y solazándose con fajos de dinero debe ser evidencia apodíctica para disponer su inmediato encarcelamiento.
