Varios exfuncionarios de la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015) están siendo investigados por actos de corrupción. No han sido condenados todavía, pero el silencio cómplice de Petro deja mucho que desear cuando él se presenta como el candidato de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, hace unos días, frente a la decisión de la Contraloría de abrirles juicio fiscal a varios exgobernadores de Antioquia, entre ellos Sergio Fajardo, Petro lo condenó. Tan eficiente frente a sus enemigos políticos y tan complaciente con sus exfuncionarios.
El turno esta semana fue para Nicolás Corso Salamanca, exgerente de Metrovivienda, a quien la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación se deriva de las irregularidades detectadas en un convenio de asociación suscrito el 7 de noviembre de 2013, con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar, cuyo valor superó los $9.000 millones. Ciertamente la “transparencia” en la contratación durante la administración de Petro fue bastante turbia. Al caso de Corso Salamanca se suman los de los exgerentes del Acueducto, Diego Bravo, y de la Empresa de Aguas de Bogotá, Mario Álvarez, a quienes la Fiscalía acusa por las irregularidades que se detectaron en la implementación y contratación del desastroso esquema de basuras impuesto a las patadas por Petro, que originó un detrimento para la ciudad por cerca de $53.000 millones.
La ciudad quedó inundada en basuras, a lo que Petro respondió que era culpa de los privados, a quienes quería acabar a toda costa. Cómo no acordarse de la llegada al país de unos viejos camiones recolectores de basuras, cuya adquisición no fue clara. Petro trató de solucionar la crisis de esta manera, lo que ciertamente no logró, pues tuvo que acudir a la ayuda de los privados. Esos camiones literalmente se pudrieron.
Tal vez el caso más escandaloso es el del ingeniero Juan Carlos Montes, amigo y exfuncionario de Petro, hoy fugado y buscado por la Interpol, quien aparece en el “petrovideo” entregándole plata en efectivo al senador. La Corte Suprema de Justicia no ha tomado decisión de fondo por estos hechos del dinero en bolsas de plástico, pues, como se dice popularmente, engavetó el proceso. Montes también está siendo investigado por serias irregularidades en un carrusel de contratos en parques públicos que superaron los $96.000 millones y no cumplieron los requisitos legales.
El H. senador Petro tiene todavía muchas cosas que explicarle a la Corte Suprema, si es que esta decide sacar de los cajones el proceso del “petrovideo” para tomar una decisión de fondo que puede ser acusar al senador por delinquir o absolverlo.
Notícula. Preocupante la cantidad de tutelas mediante las cuales los jueces de la República están gobernando a través de sus sentencias. A este paso los togados acabarán usurpando el poder ejecutivo sin haber sido elegidos para eso.
El turno esta semana fue para Nicolás Corso Salamanca, exgerente de Metrovivienda, a quien la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación se deriva de las irregularidades detectadas en un convenio de asociación suscrito el 7 de noviembre de 2013, con la Asociación para la Vivienda Popular Simón Bolívar, cuyo valor superó los $9.000 millones. Ciertamente la “transparencia” en la contratación durante la administración de Petro fue bastante turbia. Al caso de Corso Salamanca se suman los de los exgerentes del Acueducto, Diego Bravo, y de la Empresa de Aguas de Bogotá, Mario Álvarez, a quienes la Fiscalía acusa por las irregularidades que se detectaron en la implementación y contratación del desastroso esquema de basuras impuesto a las patadas por Petro, que originó un detrimento para la ciudad por cerca de $53.000 millones.
La ciudad quedó inundada en basuras, a lo que Petro respondió que era culpa de los privados, a quienes quería acabar a toda costa. Cómo no acordarse de la llegada al país de unos viejos camiones recolectores de basuras, cuya adquisición no fue clara. Petro trató de solucionar la crisis de esta manera, lo que ciertamente no logró, pues tuvo que acudir a la ayuda de los privados. Esos camiones literalmente se pudrieron.
Tal vez el caso más escandaloso es el del ingeniero Juan Carlos Montes, amigo y exfuncionario de Petro, hoy fugado y buscado por la Interpol, quien aparece en el “petrovideo” entregándole plata en efectivo al senador. La Corte Suprema de Justicia no ha tomado decisión de fondo por estos hechos del dinero en bolsas de plástico, pues, como se dice popularmente, engavetó el proceso. Montes también está siendo investigado por serias irregularidades en un carrusel de contratos en parques públicos que superaron los $96.000 millones y no cumplieron los requisitos legales.
El H. senador Petro tiene todavía muchas cosas que explicarle a la Corte Suprema, si es que esta decide sacar de los cajones el proceso del “petrovideo” para tomar una decisión de fondo que puede ser acusar al senador por delinquir o absolverlo.
Notícula. Preocupante la cantidad de tutelas mediante las cuales los jueces de la República están gobernando a través de sus sentencias. A este paso los togados acabarán usurpando el poder ejecutivo sin haber sido elegidos para eso.
