Luego de varias prórrogas para la entrega final de sus bienes, el Gobierno denuncia incumplimiento por parte de las Farc en lo que habían prometido. Aplicando el Acuerdo, debe entrar la Fiscalía
El Colombiano | Editorial | 5 de enero de 2021
El Gobierno Nacional, a través del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reveló que de los bienes entregados por las Farc, con destino a la reparación material de sus cientos de miles de víctimas, se han podido monetizar unos cincuenta mil millones de pesos.
Comparada esa suma con los montos que se comenzaron a mencionar después de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, resulta no solo claramente insuficiente, sino insultante para las víctimas y desafiante para una sociedad a la cual se ha exigido toda clase de concesiones en aras de una prometida “paz”.
En el denominado Acuerdo Final se dispuso que “las Farc-Ep procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos” que allí denominaron “recursos para la guerra”, y se dejó plasmado que los bienes que no fueran inventariados por esa guerrilla recibirían el tratamiento otorgado por la legislación ordinaria, esto es, sujetos a extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Ya se sabe lo que fue ese proceso de inventario y entrega de información de bienes y activos durante el Gobierno anterior: fue tal la tomadura de pelo que el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez, exfuncionario de alto rango de esa misma Administración, tuvo que intervenir mediante denuncia pública y documentos escritos en los que señaló de forma inequívoca el engaño a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que aplaudía sin objeción alguna el proceso de paz.
Luego de eso, y de que derivaran consecuencias no contra los que incluían bienes inservibles, inmateriales, destruidos o inexistentes en los inventarios, sino contra el fiscal denunciante que fue graduado ya en lo sucesivo como “enemigo de la paz”, se conoció el año pasado, por revelación de la revista Semana, la carta en la que el guerrillero conocido con el alias de “Romaña” recuerda a la actual cúpula del partido Farc, en particular al actual senador Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, la información que tiene sobre bienes, oro, joyas, dólares e inmuebles rurales y urbanos y que estos no habrían entregado.
Las Farc en sus últimos comunicados insisten en que deben contabilizarse como bienes las carreteras que supuestamente construyeron, equipos médicos y de odontología, o decenas de inmuebles sin legalizar.
Hay un asunto que nadie debe pasar por alto: en el Acuerdo Final hay varias cláusulas que imponen la obligación al Estado de ser el responsable subsidiario de asegurar la reparación material, cuando las Farc o sus integrantes no tengan con qué hacerlo (por ejemplo, la parte final del punto 5.1.3.7). De allí a la omisión de reporte o a la ocultación de bienes no hay si no un paso.
El consejero Archila anunció que pondrían esta situación en conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Fiscalía y de organismos internacionales. Es su deber hacerlo, así sea solo para que la Fiscalía General de la Nación siga tomándose en serio este grave incumplimiento a los acuerdos y a los derechos de las víctimas.
Como el mismo Acuerdo Final lo dispone, ojalá sea la justicia ordinaria la que halle y disponga la extinción de dominio de los muchos bienes que permanecen ocultos, y la que determine la responsabilidad de quienes no cumplieron sus obligaciones
Comparada esa suma con los montos que se comenzaron a mencionar después de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, resulta no solo claramente insuficiente, sino insultante para las víctimas y desafiante para una sociedad a la cual se ha exigido toda clase de concesiones en aras de una prometida “paz”.
En el denominado Acuerdo Final se dispuso que “las Farc-Ep procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos” que allí denominaron “recursos para la guerra”, y se dejó plasmado que los bienes que no fueran inventariados por esa guerrilla recibirían el tratamiento otorgado por la legislación ordinaria, esto es, sujetos a extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Ya se sabe lo que fue ese proceso de inventario y entrega de información de bienes y activos durante el Gobierno anterior: fue tal la tomadura de pelo que el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez, exfuncionario de alto rango de esa misma Administración, tuvo que intervenir mediante denuncia pública y documentos escritos en los que señaló de forma inequívoca el engaño a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que aplaudía sin objeción alguna el proceso de paz.
Luego de eso, y de que derivaran consecuencias no contra los que incluían bienes inservibles, inmateriales, destruidos o inexistentes en los inventarios, sino contra el fiscal denunciante que fue graduado ya en lo sucesivo como “enemigo de la paz”, se conoció el año pasado, por revelación de la revista Semana, la carta en la que el guerrillero conocido con el alias de “Romaña” recuerda a la actual cúpula del partido Farc, en particular al actual senador Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, la información que tiene sobre bienes, oro, joyas, dólares e inmuebles rurales y urbanos y que estos no habrían entregado.
Las Farc en sus últimos comunicados insisten en que deben contabilizarse como bienes las carreteras que supuestamente construyeron, equipos médicos y de odontología, o decenas de inmuebles sin legalizar.
Hay un asunto que nadie debe pasar por alto: en el Acuerdo Final hay varias cláusulas que imponen la obligación al Estado de ser el responsable subsidiario de asegurar la reparación material, cuando las Farc o sus integrantes no tengan con qué hacerlo (por ejemplo, la parte final del punto 5.1.3.7). De allí a la omisión de reporte o a la ocultación de bienes no hay si no un paso.
El consejero Archila anunció que pondrían esta situación en conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, de la Fiscalía y de organismos internacionales. Es su deber hacerlo, así sea solo para que la Fiscalía General de la Nación siga tomándose en serio este grave incumplimiento a los acuerdos y a los derechos de las víctimas.
Como el mismo Acuerdo Final lo dispone, ojalá sea la justicia ordinaria la que halle y disponga la extinción de dominio de los muchos bienes que permanecen ocultos, y la que determine la responsabilidad de quienes no cumplieron sus obligaciones
