Bogotá fue nuevamente escenario de un caso desafortunado en el que la ciudadanía indefensa, buscó protegerse de la delincuencia.
En horas de la noche, al interior de un bus del SITP, un pasajero anónimo frustró un robo luego de forcejear con uno de los atracadores y propinarle una herida mortal; con la misma arma con la que había amenazado al resto de los pasajeros.
Por desgracia, ese ciudadano, valiente como pocos, hoy está escondiéndose de las autoridades por temor a ser castigado por ejercer su derecho a la legítima defensa, cuando su vida y su patrimonio se vieron amenazados por la violencia y la arbitrariedad del hurto callejero.
La inseguridad en nuestro país nos afecta a todos y nuestras ciudades están gobernadas por el miedo. En Bogotá, por citar un ejemplo, el 84% de los ciudadanos se sienten más inseguros, como lo revela la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE. Pero, no se trata sólo de un problema de percepción, a pesar de que la alcaldesa Claudia López insiste en celebrar con bombos y platillos la “reducción de las tasas de criminalidad” respecto al año anterior, como si el 2019 y el 2020 fueran comparables.
La realidad es otra: la inseguridad en Bogotá ha venido creciendo desde el inicio de la pandemia. Según los últimos informes publicados de la Secretaría de Seguridad, en el mes de noviembre se reportaron 84 homicidios, 710 casos de hurto a residencias, 319 a automotores, 315 a motocicletas, 870 robos de bicicletas y lo peor: 7030 hurtos a personas y 4352 robos de celulares.
Frente a éstas cifras, que son la radiografía de la mayoría de las ciudades, los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos; sumándose, por supuesto, la población rural ubicada en zonas de difícil acceso, en donde el Estado tiene limitantes innegables para garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública.
Ésta debería ser una razón suficiente para retomar el debate alrededor del porte legal de armas y abrirnos a ésta alternativa. Pero por desgracia, el Gobierno Nacional insiste en una normatividad que no protege a los ciudadanos.
El pasado 31 de diciembre, desde la Presidencia de la República se volvió a extender la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. Incumpliendo sus promesas, el Gobierno que elegimos en las urnas, mantiene en firme una medida que data del nefasto gobierno de Juan Manuel Santos y que, en la práctica, a pesar de los denominados «permisos especiales», deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia; lo que beneficia únicamente a los bandidos, acostumbrados a violar la ley.
Quien delinque, no lo hace con un arma legal y sabe perfectamente que el otro está desprotegido. El problema en sí no son las armas, el problema es que están en las manos equivocadas porque hay una clara diferencia entre quien la porta para protegerse y quien la usa para hacer daño.
Nos cansamos del miedo y estamos en mora de tener una legislación que proteja a los colombianos que sufren y requieren portar o tener armas, para disuadir probables acciones delictivas en su contra y ejercer su derecho a la legítima defensa.
De esta forma, el Estado debe garantizar que quienes cumplan los requisitos, puedan tener o portar sus armas con el debido salvoconducto. Los ciudadanos tienen derecho a defenderse de la delincuencia y para hacerlo tienen que tener medios adecuados, que la actual legislación les niega.
Es completamente falso que promover el porte legal sea tomar la justicia por cuenta propia; en cambio, la defensa de la vida de quien NO delinque, pero que es puesto en riesgo de perderla, es superior a quienes portan armas ilegales para atentar contra los demás ciudadanos. El poder de disuasión con el porte legal de armas, reduce los efectos de una criminalidad desbordada.
Ésta es precisamente la postura que hemos defendido en el Congreso. No queremos seguir viendo titulares de muertes de colombianos indefensos por el robo de celulares o bicicletas; ni que los ciudadanos tengan que forcejear con los delincuentes para tener cómo defenderse; tampoco que se siga persiguiendo a quien se ve obligado a recurrir a la legitima defensa.
Lo que queremos es que los colombianos honrados dejen atrás el miedo, que tengan herramientas para defenderse y que sean los delincuentes quienes lo piensen dos veces antes de hacerle daño a los ciudadanos de bien.
En horas de la noche, al interior de un bus del SITP, un pasajero anónimo frustró un robo luego de forcejear con uno de los atracadores y propinarle una herida mortal; con la misma arma con la que había amenazado al resto de los pasajeros.
Por desgracia, ese ciudadano, valiente como pocos, hoy está escondiéndose de las autoridades por temor a ser castigado por ejercer su derecho a la legítima defensa, cuando su vida y su patrimonio se vieron amenazados por la violencia y la arbitrariedad del hurto callejero.
La inseguridad en nuestro país nos afecta a todos y nuestras ciudades están gobernadas por el miedo. En Bogotá, por citar un ejemplo, el 84% de los ciudadanos se sienten más inseguros, como lo revela la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE. Pero, no se trata sólo de un problema de percepción, a pesar de que la alcaldesa Claudia López insiste en celebrar con bombos y platillos la “reducción de las tasas de criminalidad” respecto al año anterior, como si el 2019 y el 2020 fueran comparables.
La realidad es otra: la inseguridad en Bogotá ha venido creciendo desde el inicio de la pandemia. Según los últimos informes publicados de la Secretaría de Seguridad, en el mes de noviembre se reportaron 84 homicidios, 710 casos de hurto a residencias, 319 a automotores, 315 a motocicletas, 870 robos de bicicletas y lo peor: 7030 hurtos a personas y 4352 robos de celulares.
Frente a éstas cifras, que son la radiografía de la mayoría de las ciudades, los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos; sumándose, por supuesto, la población rural ubicada en zonas de difícil acceso, en donde el Estado tiene limitantes innegables para garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública.
Ésta debería ser una razón suficiente para retomar el debate alrededor del porte legal de armas y abrirnos a ésta alternativa. Pero por desgracia, el Gobierno Nacional insiste en una normatividad que no protege a los ciudadanos.
El pasado 31 de diciembre, desde la Presidencia de la República se volvió a extender la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. Incumpliendo sus promesas, el Gobierno que elegimos en las urnas, mantiene en firme una medida que data del nefasto gobierno de Juan Manuel Santos y que, en la práctica, a pesar de los denominados «permisos especiales», deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia; lo que beneficia únicamente a los bandidos, acostumbrados a violar la ley.
Quien delinque, no lo hace con un arma legal y sabe perfectamente que el otro está desprotegido. El problema en sí no son las armas, el problema es que están en las manos equivocadas porque hay una clara diferencia entre quien la porta para protegerse y quien la usa para hacer daño.
Nos cansamos del miedo y estamos en mora de tener una legislación que proteja a los colombianos que sufren y requieren portar o tener armas, para disuadir probables acciones delictivas en su contra y ejercer su derecho a la legítima defensa.
De esta forma, el Estado debe garantizar que quienes cumplan los requisitos, puedan tener o portar sus armas con el debido salvoconducto. Los ciudadanos tienen derecho a defenderse de la delincuencia y para hacerlo tienen que tener medios adecuados, que la actual legislación les niega.
Es completamente falso que promover el porte legal sea tomar la justicia por cuenta propia; en cambio, la defensa de la vida de quien NO delinque, pero que es puesto en riesgo de perderla, es superior a quienes portan armas ilegales para atentar contra los demás ciudadanos. El poder de disuasión con el porte legal de armas, reduce los efectos de una criminalidad desbordada.
Ésta es precisamente la postura que hemos defendido en el Congreso. No queremos seguir viendo titulares de muertes de colombianos indefensos por el robo de celulares o bicicletas; ni que los ciudadanos tengan que forcejear con los delincuentes para tener cómo defenderse; tampoco que se siga persiguiendo a quien se ve obligado a recurrir a la legitima defensa.
Lo que queremos es que los colombianos honrados dejen atrás el miedo, que tengan herramientas para defenderse y que sean los delincuentes quienes lo piensen dos veces antes de hacerle daño a los ciudadanos de bien.
