Es urgente una ley que elimine el nombre de las Farc como partido político. Esto es una burla al Estado y a las víctimas.
Iván Cancino | El Heraldo | 16 de enero de 2021
Una vez más nos tenemos que referir al descaro y menosprecio por el estado social de derecho de las Farc, tal fue el mal que le hizo al país la forma en que quedó consagrado el acuerdo con los terroristas que hoy en día, sin reconocer hechos claros como el reclutamiento de menores, la violencia sexual en sus filas, el tráfico de armas, sus relaciones con el narcotráfico, se sienten con la autoridad moral para poder juzgar y atacar de diferentes formas a quien consideren y de manera implacable, sin recordar que siguen siendo, y lo serán para la historia, delincuentes de lesa humanidad.
Alias Sandra Ramírez, porque su nombre es Griselda Lobo, pone en sus redes sociales ataques contra el ministro de Salud y el presidente de la República sobre el tema de las vacunas.
Claro ella confunde y opina sobre un tema en el que cree ser experta, olvidando que estas no son las vacunas que el grupo terrorista, al que ella pertenecía, hacía para extorsionar personas.
No señora Griselda, estas son vacunas para ayudar y salvar vidas, no para desmejorar las condiciones de los colombianos y matarlos, que es lo que ustedes sabían hacer.
De igual manera, muchos congresistas se juntan con los otrora delincuentes de lesa humanidad, para ponerse al lado de Cuba, país que es históricamente protector de terroristas. A veces da grima ver personas que han estado en oposición dignamente firmar cartas infundadas al lado de delincuentes que aún no responden ni siquiera a la justicia de papel que el Gobierno de Santos les creó.
Sí, hasta aquí no pareciera una historia fantástica, ahora resulta que la “defensora” de derechos humanos es Victoria Sandino, mujer que violó sistemáticamente estos derechos, que estuvo al lado de violadores y abusadores de niñas y niños, ella, que aún no pasa por el tamiz de la JEP, se cree con la posibilidad de poder opinar sobre lo que ella misma hacía, pero que el país jamás olvide que defensora de los derechos humanos no fue y que, por el contrario, los atacó con furia y vehemencia afectando la niñez colombiana.
Estas personas más Carlos Lozada, otro delincuente de lesa humanidad, ahora quieren seguir mintiendo para cambiar la historia dándole crédito e impulso a la tesis de volver culpable a Virgilio Barco del genocidio político sufrido por la UP, canallada más grande, pero siempre esperada de estos personajes.
El Estado ha fallado en proteger, y mucho. El Estado ha atacado a sus conciudadanos muchas veces y ha respondido, militares presos con condenas, mientras que los que siempre le apostaron a la ilegalidad, a la tortura, al secuestro, a la violación permanente y al narcotráfico, hoy pontifican desde diversas fuentes.
Que necesario, que urgente es reformar la JEP para que al menos no puedan participar en política quienes no hayan terminado su proceso frente a la justicia especial, quienes no hayan indemnizado a sus víctimas y contribuido a la verdad.
Es urgente una ley que elimine el nombre de las FARC como partido político, esto es una burla al Estado y a las víctimas. Que participen en lo político, pero no con el nombre y bandera con el que cometieron tantos delitos atroces.
Una vez más nos tenemos que referir al descaro y menosprecio por el estado social de derecho de las Farc, tal fue el mal que le hizo al país la forma en que quedó consagrado el acuerdo con los terroristas que hoy en día, sin reconocer hechos claros como el reclutamiento de menores, la violencia sexual en sus filas, el tráfico de armas, sus relaciones con el narcotráfico, se sienten con la autoridad moral para poder juzgar y atacar de diferentes formas a quien consideren y de manera implacable, sin recordar que siguen siendo, y lo serán para la historia, delincuentes de lesa humanidad.
Alias Sandra Ramírez, porque su nombre es Griselda Lobo, pone en sus redes sociales ataques contra el ministro de Salud y el presidente de la República sobre el tema de las vacunas.
Claro ella confunde y opina sobre un tema en el que cree ser experta, olvidando que estas no son las vacunas que el grupo terrorista, al que ella pertenecía, hacía para extorsionar personas.
No señora Griselda, estas son vacunas para ayudar y salvar vidas, no para desmejorar las condiciones de los colombianos y matarlos, que es lo que ustedes sabían hacer.
De igual manera, muchos congresistas se juntan con los otrora delincuentes de lesa humanidad, para ponerse al lado de Cuba, país que es históricamente protector de terroristas. A veces da grima ver personas que han estado en oposición dignamente firmar cartas infundadas al lado de delincuentes que aún no responden ni siquiera a la justicia de papel que el Gobierno de Santos les creó.
Sí, hasta aquí no pareciera una historia fantástica, ahora resulta que la “defensora” de derechos humanos es Victoria Sandino, mujer que violó sistemáticamente estos derechos, que estuvo al lado de violadores y abusadores de niñas y niños, ella, que aún no pasa por el tamiz de la JEP, se cree con la posibilidad de poder opinar sobre lo que ella misma hacía, pero que el país jamás olvide que defensora de los derechos humanos no fue y que, por el contrario, los atacó con furia y vehemencia afectando la niñez colombiana.
Estas personas más Carlos Lozada, otro delincuente de lesa humanidad, ahora quieren seguir mintiendo para cambiar la historia dándole crédito e impulso a la tesis de volver culpable a Virgilio Barco del genocidio político sufrido por la UP, canallada más grande, pero siempre esperada de estos personajes.
El Estado ha fallado en proteger, y mucho. El Estado ha atacado a sus conciudadanos muchas veces y ha respondido, militares presos con condenas, mientras que los que siempre le apostaron a la ilegalidad, a la tortura, al secuestro, a la violación permanente y al narcotráfico, hoy pontifican desde diversas fuentes.
Que necesario, que urgente es reformar la JEP para que al menos no puedan participar en política quienes no hayan terminado su proceso frente a la justicia especial, quienes no hayan indemnizado a sus víctimas y contribuido a la verdad.
Es urgente una ley que elimine el nombre de las FARC como partido político, esto es una burla al Estado y a las víctimas. Que participen en lo político, pero no con el nombre y bandera con el que cometieron tantos delitos atroces.
