Tatiana Cabello | Los Irreverentes | 14 de enero de 2021
El cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp es apenas la puerta de entrada a una profunda discusión que los Estados deben empezar a abordar. Los gigantes tecnológicos parecieran ser inmunes al poder regulatorio del sector público y, mientras tanto, nadie sabe a ciencia cierta qué manejo le dan a la información de los usuarios.
Si somos realistas, estas empresas tienen acceso a prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona. Desde sus búsquedas en google, las preferencias en Facebook o Instagram y el tipo de conversaciones que sostiene en WhatsApp. No hay cosa que se les escape.
De hecho, los réditos económicos que obtienen al usar esta información son tan significativos que ni siquiera se ven en la necesidad de cobrar a las personas por usar las plataformas. Lo que en inicio pareciera gratis, esconde un millonario negocio que se nutre día a día gracias a los usuarios.
Por eso, es hora que los Gobiernos se preocupen por regular el uso de estos datos, tal como sucede, por ejemplo, con el sector financiero, donde la normatividad sobre habeas data obliga a los bancos a cumplir ciertos protocolos para poder administrar las bases de datos con la información patrimonial y crediticia de los clientes.
De lo contrario, los usuarios de los servicios tecnológicos, es decir, prácticamente toda la población económicamente activa, seguirán a la deriva frente a las decisiones unilaterales que estas compañías adopten, dado que, como es bien sabido, el uso de las plataformas se basa en contratos de adhesión donde las personas no tienen la posibilidad de negociar las cláusulas con las empresas, sino que sencillamente deben aceptar sin reservas sus condiciones para usar la aplicación.
¿A quién le venden la información? ¿Qué hacen con los datos que recolectan de los usuarios? ¿Quién garantiza que la privacidad de las conversaciones sea respetada?
La verdad, nadie sabe. En un mundo globalizado como el actual el poder de los gigantes tecnológicos llega a tal punto que tienen la capacidad de censurar al propio Presidente de Estados Unidos sin que nadie los detenga. Si eso hacen con la persona más importante del planeta, ¿qué se puede esperar con los demás ciudadanos de a pie?
Ahora bien, la necesidad de regular el uso de la información no es un ataque per sé a estas compañías ni a su modelo de negocio y ni mucho menos a la libertad de mercado. Simplemente, es un llamado para que los usuarios puedan tener la certeza que estos actores no van a obtener réditos de cualquier tipo con sus datos personales.
Lógicamente, una normatividad eficaz en este aspecto no debe ser adoptada de manera aislada por un Estado, sino que tiene que ser un esfuerzo articulado por parte de varias naciones, dado que la cobertura de estas empresas supera de lejos los alcances de cualquier País.
Ojalá que la polémica derivada por el caso de WhatsApp abra este debate y permita sentar las bases para que los diferentes Gobiernos adapten su agenda regulatoria a las nuevas dinámicas del siglo XXI, donde el manejo de la información es un activo cada vez más valioso.
El cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp es apenas la puerta de entrada a una profunda discusión que los Estados deben empezar a abordar. Los gigantes tecnológicos parecieran ser inmunes al poder regulatorio del sector público y, mientras tanto, nadie sabe a ciencia cierta qué manejo le dan a la información de los usuarios.
Si somos realistas, estas empresas tienen acceso a prácticamente todos los aspectos de la vida de una persona. Desde sus búsquedas en google, las preferencias en Facebook o Instagram y el tipo de conversaciones que sostiene en WhatsApp. No hay cosa que se les escape.
De hecho, los réditos económicos que obtienen al usar esta información son tan significativos que ni siquiera se ven en la necesidad de cobrar a las personas por usar las plataformas. Lo que en inicio pareciera gratis, esconde un millonario negocio que se nutre día a día gracias a los usuarios.
Por eso, es hora que los Gobiernos se preocupen por regular el uso de estos datos, tal como sucede, por ejemplo, con el sector financiero, donde la normatividad sobre habeas data obliga a los bancos a cumplir ciertos protocolos para poder administrar las bases de datos con la información patrimonial y crediticia de los clientes.
De lo contrario, los usuarios de los servicios tecnológicos, es decir, prácticamente toda la población económicamente activa, seguirán a la deriva frente a las decisiones unilaterales que estas compañías adopten, dado que, como es bien sabido, el uso de las plataformas se basa en contratos de adhesión donde las personas no tienen la posibilidad de negociar las cláusulas con las empresas, sino que sencillamente deben aceptar sin reservas sus condiciones para usar la aplicación.
¿A quién le venden la información? ¿Qué hacen con los datos que recolectan de los usuarios? ¿Quién garantiza que la privacidad de las conversaciones sea respetada?
La verdad, nadie sabe. En un mundo globalizado como el actual el poder de los gigantes tecnológicos llega a tal punto que tienen la capacidad de censurar al propio Presidente de Estados Unidos sin que nadie los detenga. Si eso hacen con la persona más importante del planeta, ¿qué se puede esperar con los demás ciudadanos de a pie?
Ahora bien, la necesidad de regular el uso de la información no es un ataque per sé a estas compañías ni a su modelo de negocio y ni mucho menos a la libertad de mercado. Simplemente, es un llamado para que los usuarios puedan tener la certeza que estos actores no van a obtener réditos de cualquier tipo con sus datos personales.
Lógicamente, una normatividad eficaz en este aspecto no debe ser adoptada de manera aislada por un Estado, sino que tiene que ser un esfuerzo articulado por parte de varias naciones, dado que la cobertura de estas empresas supera de lejos los alcances de cualquier País.
Ojalá que la polémica derivada por el caso de WhatsApp abra este debate y permita sentar las bases para que los diferentes Gobiernos adapten su agenda regulatoria a las nuevas dinámicas del siglo XXI, donde el manejo de la información es un activo cada vez más valioso.
