La ONU se muestra indulgente con la JEP a la hora de pedirle cuentas o examinar su avance.
José Manuel Acevedo | EL TIEMPO | 12 de enero de 2021
Ahora que la comisión de verificación de la ONU presentará un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre el avance y cumplimiento del acuerdo con las Farc, conviene preguntarse qué tanta importancia le han dado las Naciones Unidas y los defensores del texto habanero al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Al fin y al cabo, se nos dijo que las víctimas eran el centro del acuerdo y la JEP, el lugar donde encontrarían una dosis de justicia y mucho de verdad.
Sin embargo, da la impresión de que la ONU, por un lado, es muy dura exigiéndole al Gobierno el pleno cumplimiento del acuerdo, pero, por otro lado, es absolutamente crédula e indulgente con la JEP a la hora de pedirle cuentas o examinar su avance.
En un fragmento del informe que será expuesto a finales de enero en Nueva York, la comisión dice que le parece positivo que a mediados de 2021 se emitan las primeras sanciones contra los máximos responsables de las Farc.
Lo que tal vez no le han contado al comisionado Carlos Ruiz Massieu, jefe de esa misión, es que eso mismo decían por esta época, pero en el año 2020 y desde entonces hasta ahora no ha llegado el primer castigo.
El 16 de enero del año pasado, para ser más exactos, en una entrevista con Yolanda Ruiz en RCN radio, la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, se dejaba venir con esta frase: “Esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año se conozca al menos una resolución de conclusión”, lo que suponía, por supuesto, que llegarían las primeras condenas y la correspondiente asignación de sanciones.
Nada de eso pasó, pero lo que sí ocurrió es que el Senado condecoró a la señora Linares y la primera en correr a su encuentro a abrazarla fue la honorable senadora Sandra Ramírez, del partido Farc; la misma que en vez de estar participando en la construcción de un centro comunitario para resarcir en algo a sus víctimas o respondiéndoles con su jugoso sueldo (con retroactivos y aumentos de más del 5 por ciento como parlamentaria que es), simplemente da las gracias, se toma una foto y sigue como si tal.
Todo esto pasa mientras los magistrados de la JEP dicen imperturbables que nadie los puede reformar; que son inderogables e inmodificables. Nunca han reconocido que se demoraron en la expulsión de personajes siniestros como ‘Iván Márquez’ o ‘el Paisa’ y, por supuesto, jamás reconocerán que, gracias a ellos, ‘Santrich’ terminó fugándose a Venezuela y coordinando cómodamente desde allí la dichosa ‘Nueva Marquetalia’.
Digámonos la verdad: el mayor logro de la JEP es haber dejado libres a un montón de guerrilleros y a un montón de militares que se han acogido a esa jurisdicción y que tampoco han recibido ninguna sanción. Han cumplido su promesa de ser simétricos en el tratamiento de los actores del conflicto. A todos les han repartido impunidad por igual.
Y no se trata ya de decir que “los enemigos de la paz” quieren acabar con la JEP. Ni siquiera Uribe anda en eso. Terminando año, en una entrevista que le hice, el exmandatario dijo que el camino no era derogar la JEP sino reformarla, lo que constituye un cambio importante frente a trinos anteriores en los que pedía expresamente “eliminar” este tribunal de justicia transicional.
Ojalá la ONU y los defensores del acuerdo, como el elocuente senador Roy Barreras, cuestionarán un poquito siquiera la celeridad con la que opera la JEP y se indignaran con la falta de resultados concretos expresados en sanciones puntuales contra los miembros de las Farc, con la misma contundencia con la que le dicen al Gobierno que cumpla. Ojalá preguntaran por qué se venció el plazo para la entrega de bienes para reparar a las víctimas y la exguerrilla se hizo la loca y no dio todo lo que prometió. Ojalá nos pudieran responder: ¿el castigo pa’ cuándo?
Ahora que la comisión de verificación de la ONU presentará un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre el avance y cumplimiento del acuerdo con las Farc, conviene preguntarse qué tanta importancia le han dado las Naciones Unidas y los defensores del texto habanero al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Al fin y al cabo, se nos dijo que las víctimas eran el centro del acuerdo y la JEP, el lugar donde encontrarían una dosis de justicia y mucho de verdad.
Sin embargo, da la impresión de que la ONU, por un lado, es muy dura exigiéndole al Gobierno el pleno cumplimiento del acuerdo, pero, por otro lado, es absolutamente crédula e indulgente con la JEP a la hora de pedirle cuentas o examinar su avance.
En un fragmento del informe que será expuesto a finales de enero en Nueva York, la comisión dice que le parece positivo que a mediados de 2021 se emitan las primeras sanciones contra los máximos responsables de las Farc.
Lo que tal vez no le han contado al comisionado Carlos Ruiz Massieu, jefe de esa misión, es que eso mismo decían por esta época, pero en el año 2020 y desde entonces hasta ahora no ha llegado el primer castigo.
El 16 de enero del año pasado, para ser más exactos, en una entrevista con Yolanda Ruiz en RCN radio, la entonces presidenta de la JEP, Patricia Linares, se dejaba venir con esta frase: “Esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año se conozca al menos una resolución de conclusión”, lo que suponía, por supuesto, que llegarían las primeras condenas y la correspondiente asignación de sanciones.
Nada de eso pasó, pero lo que sí ocurrió es que el Senado condecoró a la señora Linares y la primera en correr a su encuentro a abrazarla fue la honorable senadora Sandra Ramírez, del partido Farc; la misma que en vez de estar participando en la construcción de un centro comunitario para resarcir en algo a sus víctimas o respondiéndoles con su jugoso sueldo (con retroactivos y aumentos de más del 5 por ciento como parlamentaria que es), simplemente da las gracias, se toma una foto y sigue como si tal.
Todo esto pasa mientras los magistrados de la JEP dicen imperturbables que nadie los puede reformar; que son inderogables e inmodificables. Nunca han reconocido que se demoraron en la expulsión de personajes siniestros como ‘Iván Márquez’ o ‘el Paisa’ y, por supuesto, jamás reconocerán que, gracias a ellos, ‘Santrich’ terminó fugándose a Venezuela y coordinando cómodamente desde allí la dichosa ‘Nueva Marquetalia’.
Digámonos la verdad: el mayor logro de la JEP es haber dejado libres a un montón de guerrilleros y a un montón de militares que se han acogido a esa jurisdicción y que tampoco han recibido ninguna sanción. Han cumplido su promesa de ser simétricos en el tratamiento de los actores del conflicto. A todos les han repartido impunidad por igual.
Y no se trata ya de decir que “los enemigos de la paz” quieren acabar con la JEP. Ni siquiera Uribe anda en eso. Terminando año, en una entrevista que le hice, el exmandatario dijo que el camino no era derogar la JEP sino reformarla, lo que constituye un cambio importante frente a trinos anteriores en los que pedía expresamente “eliminar” este tribunal de justicia transicional.
Ojalá la ONU y los defensores del acuerdo, como el elocuente senador Roy Barreras, cuestionarán un poquito siquiera la celeridad con la que opera la JEP y se indignaran con la falta de resultados concretos expresados en sanciones puntuales contra los miembros de las Farc, con la misma contundencia con la que le dicen al Gobierno que cumpla. Ojalá preguntaran por qué se venció el plazo para la entrega de bienes para reparar a las víctimas y la exguerrilla se hizo la loca y no dio todo lo que prometió. Ojalá nos pudieran responder: ¿el castigo pa’ cuándo?
